La iniciativa legislativa popular (ILP) de «Televisión sin Fronteras», que debate mañana el Pleno del Congreso, aspira a ser la primera de las once que se han sometido a consideración de la Cámara Baja que salga adelante.
El Pleno del Congreso debate mañana la toma en consideración de una iniciativa ciudadana que pretende que las cadenas de televisión autonómicas se puedan ver en aquellas comunidades donde se comparta la misma lengua.
Hasta ahora se han presentado en la Cámara Baja un total de once ILP, incluyendo la de «Televisión sin fronteras». Ninguna de las diez anteriores han superado el trámite de toma en consideración.
En la VI Legislatura se presentaron cinco relativas al marco regulador de la financiación del sistema educativo, la reclamación de deudas comunitarias, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, la regulación de los libros de texto de enseñanza básica y la regulación de la jornada laboral.
Todas ellas fueron rechazadas, a excepción de la que se refería a la reclamación de deudas comunitarias, que acabó subsumida en otra iniciativa.
En la VII Legislatura se tramitaron cuatro iniciativas populares más sobre la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción, los principios de ordenación del medicamento, la Ley de Estabilidad y la Seguridad en el Empleo, y una última sobre acuerdos y pactos en las Administraciones públicas y garantía de poder adquisitivo de los empleados. Ninguna de ellas superó el trámite de toma en consideración.
Finalmente en la VIII Legislatura también resultó rechazada la iniciativa que se presentó para la modificación del Código Civil en materia de matrimonio y adopción.
La ILP sobre «Televisión sin fronteras» viene respaldada por más de 650.000 firmas. El origen de esta petición era la pretensión de sus impulsores de que TV3, la televisión autonómica catalana, se viera en las comunidades de Valencia y Baleares. Más adelante se les sumaron los que reclamban que ETB, la cadena vasca, se pueda ver en Navarra.
Aunque la propuesta cumplía los trámites formales y contaba con el visto bueno de la Junta Electoral Central, sufrió el veto del Gobierno que aplicó el 134.6 de la Constitución Española, que lo permite cuando la tramitación de cualquier ley que suponga un aumento del gasto público.
Con todo, la Mesa del Congreso consideró posteriormente que ese veto no estaba suficientemente justificado, por lo que le devolvieron el escrito al Gobierno para que detallase en qué se basaba su rechazo a tramitar la iniciativa.
De ser aprobada, la Ley de Televisión sin Fronteras garantizaría «la recepción directa de las emisiones de radio y televisión autonómicas realizadas en lenguas incluidas en el ámbito de protección de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en aquellas otras comunidades con las que compartan lengua».
