PE rechaza moratoria a perforaciones petrolíferas en alta mar pero pide a las compañías planes de emergencia

El pleno de la Eurocámara ha rechazado este martes una moratoria a las perforaciones petrolíferas en aguas de la UE tras el accidente de BP en el golfo de México el año pasado. Pero los diputados piden que sólo se permita la extracción de petróleo y gas si la compañía presenta un plan de emergencia y demuestra que dispone de fondos suficientes para reparar posibles daños al medio ambiente.

La introducción de una moratoria sería «una reacción desproporcionada en relación con la necesidad de garantizar unos elevados niveles de seguridad», señala el Parlamento en una resolución aprobada por 602 votos a favor, 64 en contra y 13 abstenciones. La moratoria ha sido sugerida por el comisario de Energía, Günther Oettinger, pero rechazada por la mayoría de países.

El informe señala que los operadores que quieran obtener una licencia para extraer petróleo o gas en alta mar deberían evaluar el impacto medioambiental y presentar un plan de emergencia a las autoridades nacionales al menos dos meses antes del comienzo de las operaciones.

Estos planes de emergencia identificarían los riesgos, las posibles fuentes de contaminación y sus efectos. Asimismo, las compañías tendrían que diseñar una estrategia de respuesta y planes de perforación alternativos.

La ponente del texto, la diputada conservadora británica Vicky Ford (CRE), declaró en el debate previo al voto que «las perforaciones en alta mar constituyen la cuarta mayor zona de extracción» y que «es crucial hacer frente a las necesidades de Europa y a nuestra seguridad energética»

«Cada lugar y cada operación de extracción deberían ser evaluados específicamente y los reguladores solo deberían permitir las extracciones cuando se sientan cómodos con los riesgos que éstas implican y sean capaces de gestionarlos. Este debería ser también el caso del Artico y, en general, de cualquier zona costera», señaló.

La Eurocámara destaca que las compañías de petróleo y gas tendrían que demostrar que cuentan con «capacidad financiera suficiente para garantizar la reparación en relación con el daño medioambiental causado por las actividades específicas que llevan a cabo». Además, los diputados subrayan que el principio de «quien contamina paga» debe aplicarse, al igual que una «estricta responsabilidad», a todos los daños causados a las aguas marinas y a la biodiversidad.

Los diputados también reclaman garantizar la protección contra el acoso de los empleados que denuncien de forma anónima fallos de seguridad en las instalaciones.

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