El documento de compensación de deuda de Cantabria aboga porque ambos gobiernos «encuentren solución» a este asunto

El borrador del documento de compensación de deuda redactado por el Gobierno de Cantabria solicita al Gobierno central que «a la mayor brevedad» considere la «solución propuesta» de manera que, tanto el Gobierno autonómico como el de la nación «encuentren solución» a un asunto que «tiene especial trascendencia en nuestras cuentas públicas» y que «es «de justicia reconocer»

El escrito, que no especifica la solución a la que se refiere, detalla sin embargo las cuantías que, de acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo cántabro, se adeudan ambas administraciones, y señala que Cantabria propone un sistema de compensación de deuda que «acabe de una vez por todas» con la situación de «indefinición» respecto a las reclamaciones de la Comunidad y que, además, permita contar con una cifra concreta para poder realizar un presupuesto «realista» para 2012.

Este tipo de soluciones, a las que «habrá que buscar acomodo administrativo», añade el documento, son las que «nos van a permitir entrar en la senda de la claridad y la confianza en nuestras cuentas públicas».

El borrador, que ha dado a conocer este lunes el Gobierno de Cantabria y que contaría con la firma de partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, instituciones y asociaciones «de diversa índole», va acompañado de una carta del presidente regional, Ignacio Diego, dirigida al del central, José Luis Rodríguez Zapatero.

En ella, Diego indica que en el documento que la acompaña se cuantifican «detalladamente» los considerados como «incumplimientos» existentes entre la Administración central y la Comunidad Autónoma, y propone la solución «más rápida y razonable» que permitiría regularizar y poner en correlación» las deudas derivadas de los «incumplimientos institucionales» entre las administraciones que ambos representan.

Una solución, agrega Diego, que «avalan» las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Cantabria y los agentes económicos y sociales, lo que demuestra, en su opinión, que la resolución de este problema constituye una «necesidad sentida por toda una comunidad».

Para Cantabria, según Diego, solucionar este asunto «lo antes posible» es «fundamental», porque en caso de que no se resuelva, la Comunidad «verá muy comprometido» el objetivo de «consolidación presupuestaria» en los términos acordados con el Ministerio de Economía y Hacienda, y «todo ello por causas ajenas a su proceso de toma de decisiones», concluye.

DEUDAS

En el documento se detalla que las deudas entre el Gobierno de Cantabria y el central se derivan del «sobrecoste» del Plan Director del Hospital Valdecilla, cifrado en 195 millones de euros.

También se hace referencia a los 200 millones de euros de los fondos de cohesión anunciados en el año 2006 por la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en reconocimiento del «injusto reparto» en el periodo 2007-2013, en el que Cantabria fue «gravemente perjudicada».

Señala además que a Cantabria se le adeudan 33 millones de euros por el nuevo sistema de financiación autonómica en el año 2010 y aproximadamente 160 millones de euros en 2011.

La suma total de todas estas deudas supone una cuantía cercana a los 590 millones de euros.

Por parte de Cantabria, reconoce deudas de cerca de 490 millones de euros con el Gobierno central en concepto de liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica de los ejercicios 2008 y 2009.

Recuerda que en 2011 la Comunidad Autónoma ya ha saldado la primera anualidad de la liquidación correspondiente a 2008, que representa una cantidad aproximada de 25 millones, y en 2012 tendrá que asumir el pago de la segunda anualidad y la primera del año 2009, que supondrán un total de más de 97 millones de euros.

Asegura que la fórmula propuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda «no satisface» los intereses de Cantabria, dado que propone financiar el 50% del pago correspondiente a 2012, aproximadamente 48 millones de euros, con un crédito del ICO a tres años, crédito del que «todavía se desconocen las condiciones».

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