La organización ecologista Greenpeace ha acusado al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián de basar su decisión de «alargar la vida» de la central nuclear de Ascó (Tarragona) en «la mentira de que ha superado las pruebas de estrés», ya que, según ha argumentado su portavoz nuclear, Carlos Bravo, a Europa Press, estos exámenes aún no han terminado.
Por eso, ha criticado la «visión miope que de la política energética tiene el Gobierno» porque alargar la vida útil de una central «no tiene sentido».
Además, ha acusado a Sebastián de mentir cuando dice que la central nuclear de Ascó ha superado las pruebas de estrés porque, de momento, sólo se trata del informe preliminar y ha agregado que «si se mira bien», ninguna central ha aprobado, porque todas tienen condiciones y aspectos que mejorar y revisar. «Ascó ni siquiera ha superado las pruebas de resistencia de terremotos», ha apuntado.
De este modo, culpa a Miguel Sebastián de haberse «tirado a la piscina para favorecer al lobby nuclear». «No se puede dar un permiso en base a una mentira.», ha apostillado, al tiempo que ha dicho que lo que debería haberse hecho, en todo caso, sería paralizar la actividad de Ascó cautelarmente hasta que concluyan las pruebas de resistencia, ya que le ha tocado su renovación en medio de los exámenes.
«Sebastián engaña a la opinión pública porque el proceso no ha terminado. Es como si un profesor aprueba a un alumno que no ha superado los exámenes finales. Nos parece una vergüenza.», ha sentenciado.
Por ello, ha reclamado al Gobierno que revoque la decisión del titular de Industria, ya que todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Además, Bravo recuerda el compromiso electoral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar las centrales nucleares por lo que considera que tendría que haber tomado la decisión de decretar su cierre tras el próximo 1 de octubre, cuando expira la actual licencia de explotación, y lanzar una apuesta más decidida por las energías renovables.
En ese sentido, se ha referido a la sentencia que emitió la Audiencia Nacional por el caso del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en la que se señalaba que el Gobierno puede decidir «en cualquier» momento cerrar una planta atómica, justificando su decisión, pero en virtud de decisiones de política energética. «No existe ninguna central ni compañía eléctrica que tiene el derecho ilimitado de operar una central y la Audiencia Nacional dice que el titular no tiene porqué recibir ninguna indemnización», ha insistido.
Finalmente, ha recordado que en países como Alemania las pruebas de resistencia han incluido exámenes sobre la capacidad de respuesta en caso del impacto de un avión, algo que el Congreso de los Diputados aprobó que se incluyera en las pruebas y que, según Bravo, aún no se ha incluido. «Esto es una vulneración de los acuerdo de Europa porque en España no se ha incluido. A lo mejor tenemos que ir a los tribunales», ha concluido.
