El presidente del Principado de Asturias, Francisco Alvarez-Cascos, ha acusado al jefe del Ejecutivo de cometer un acto de «insumisión constitucional sin precedentes» al no haber aprobado un decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como marca la Constitución.
Durante su intervención el Forum Europa, Cascos ha repasado la situación política española y ha censurado cómo la sociedad ha contemplado «impertérrita» lo que considera un «incumplimiento flagrante» del Gobierno del mandato constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos antes del 1 de octubre.
«Estamos ante un acto de insumisión constitucional sin precedentes en nuestra democracia, realizado por puro interés electoral partidista, que no acarrea consecuencias políticas para los infractores pero que, además, añade nuevas incertidumbres al escenario económico nacional y al de las comunidades autónomas, que no podemos conocer ni siquiera las estimaciones de los ingresos que vamos a recibir del Estado para elaborar los presupuestos regionales para 2012», ha censurado.
En este contexto, también ha rechazado la reforma constitucional pactada por PSOE y PP para limitar el déficit de las administraciones públicas, ya que considera que éste no es el camino para «corregir el gran fracaso de un gobierno». «La solución es cambiar de gobierno, no cambiar la Constitución», ha sostenido antes de recordar que el Ejecutivo de Zapatero derogó en el año 2006 las leyes de estabilidad presupuestaria.
Para el presidente de Asturias, la solución hubiera sido posible con una reforma legal que restableciera la estabilidad presupuestaria del año 2001 y no mediante «una reforma constitucional precipitada». Según ha advertido, esta medida «innecesaria» puede «deteriorar irreparablemente el consenso constitucional y provocar una grave fractura en la sociedad española de incalculables consecuencias para la convivencia nacional».
En este punto, Cascos ha reiterado el compromiso de Asturias con los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea, pero ha recordado que el Gobierno regional ha solicitado una reunión con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para trasladarle además la deuda del Estado con la comunidad.
Según ha detallado, el Estado debe a Asturias más de 600 millones de euros en fondos mineros, otros 600 millones de fondos de cohesión y alrededor de 300 millones de la ley de la dependencia. «En total son 1.600 millones de euros», ha subrayado a la vez que ha insistido en la importancia de llegar a un acuerdo «en el que todos cumplan sus obligaciones».
CHEQUE BEBE Y SALARIO JOVEN
El presidente asturiano no ha detallado las medidas que adoptará para estabilizar las cuentas de la comunidad y ha marcado como primer objetivo «revisar las cuentas públicas y poner en marcha las respuestas necesarias», teniendo en cuenta que la última partida que sufrirá recortes será la relativa a gasto social.
Pero además, ha defendido que es necesario aplicar las políticas adecuadas en cada momento por lo que, teniendo en cuenta que la población en Asturias está estancada, ha adelantado que su primera prioridad será poner en marcha el cheque bebé y un salario joven.
Además, ha rechazado tajantemente la posibilidad del copago sanitario y ha sostenido que en sanidad es posible introducir medidas de racionalización que no supongan ningún recorte en las prestaciones.
