Los analistas políticos, Fran Blanco-Argibay y Sergio Fidalgo, han coincidido en denunciar la irregularidad democrática que supone que el gobierno de España acepte recibir en una ‘mesa bilateral’ a una representación de consejeros de la Generalitat, como si Cataluña fuera un Estado independiente. Aceptar la ‘desjudicialización’ de la política, si los delincuentes son independentistas y nuevas imposiciones sobre el uso del catalán, consagrado lo que Fidalgo denomina un ‘apartheid’ lingüístico, es una humillación solo comprensible si se tiene en cuenta que el Gobierno debe aprobar a la vuelta del verano los PGE y necesita los votos de ERC.
Fran Blanco-Argibay ha coincidido con Eurico Campano en la farsa ridícula que supondrá volver a poner traductores de catalán en el Senado, cuando el español es la lengua oficial del Estado y lo entendemos todos.
