El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se plantea modificar también el delito por malversación tras registrar en el Congreso la proposición de ley que revisa el delito de sedición.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, fue condenado por el Tribunal Supremo por este delito, y eso es lo que le inhabilita para tener un cargo público. En otras palabras, si Sánchez y su Gobierno reforman el delito de malversación, Junqueras podría presentarse a las elecciones generales o a la Generalitat de Cataluña.
Junqueras sostiene que, lo que les imputa “no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum” y que, por tanto, “lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por ‘pensar’ en una malversación”.
Aunque Sánchez lo niegue, es una clara concesión más a sus socios de ERC por el apoyo a sus Presupuestos y para mantenerse en La Moncloa. Por su parte, Junqueras sí lo vincula a la posibilidad de pactar los Presupuestos catalanes con el PSC.
Pedro Sánchez asegura que todo se trata de dar “un paso por la concordia en Cataluña» y afirma que “las próximas generaciones de catalanes y españoles no se merecen volver a sufrir lo que sufrimos en el 2017”. Paradójica la separación que hace el Presidente entre catalanes y españoles mientras habla de convivencia.
Derogación del delito de sedición
El presidente del Gobierno pagó su deuda con los golpistas catalanes al confirmar que PSOE y Unidas Podemos presentarán una iniciativa legislativa en el Congreso para derogar el delito de sedición por el de «desórdenes públicos agravados». Se trata de un duro golpe para la unidad de España, ya que la medida supondrá un alivio para las penas de los separatistas que promovieron y ejecutaron el 1-O.
Con este anuncio, Sánchez se ‘baja los pantalones’ a las exigencias de sus socios ERC y Junts para facilitar el retorno de los fugados Puigdemont y Rovira.
Sánchez, que se burla de los españoles, ha señalado que el nuevo tipo penal será «más o menos homologable» con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza y las penas por esos delitos serán las que rigen en los códigos penales de esos países. Aunque no existe una normativa única u «homologable» ya que cada país tiene penas distintas, algunos incluso más severas que las que estipula la normativa española.
