Pedro Sánchez y su Gobierno pretenden suprimir el delito de sedición del Código Penal con el objetivo de contentar a sus socios independentistas. Y quieren hacerlo rápido, por lo que han decidido tramitar esta reforma a través de la proposición de ley.
Si se elimina el delito de sedición y se sustituye por el de desórdenes públicos agravados, como plantea el Gobierno, Sánchez dejaría al Estado español sin un instrumento de defensa frente a golpistas provocando un vacío legal que dejaría sin sanción ni castigo a quienes atacasen el orden constitucional de España sin utilizar armas. Por ello, jueces del Consejo General del Poder Judicial aseguran, según informa OKDiario, que, en tal caso, “ya sólo será punible el golpe militar”.
En otras palabras, para asegurarse el apoyo de los golpistas y no perder su sillón en La Moncloa, Pedro Sánchez pretende fracturar el Estado democrático de derecho diseñando una ley que se ajusta a unas personas concretas y podría, entonces, conceder una amnistía encubierta a los golpistas catalanes ya condenados. Por no hablar de que se abre la posibilidad de que los golpistas de 2017 vuelvan a intentar romper España.
Así contenta el ‘traidor’ Sánchez a sus socios preferentes
El presidente del Gobierno pagó su deuda con los golpistas catalanes al confirmar que PSOE y Unidas Podemos presentarán una iniciativa legislativa en el Congreso para derogar el delito de sedición por el de «desórdenes públicos agravados». Se trata de un duro golpe para la unidad de España, ya que la medida supondrá un alivio para las penas de los separatistas que promovieron y ejecutaron el 1-O.
Con este anuncio, Sánchez se ‘baja los pantalones’ a las exigencias de sus socios ERC y Junts para facilitar el retorno de los fugados Puigdemont y Rovira.
Sánchez ha señalado que el nuevo tipo penal será «más o menos homologable» con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza y las penas por esos delitos serán las que rigen en los códigos penales de esos países.
Sánchez confirma así lo dicho el pasado mes de octubre por la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que en pleno debate sobre los Presupuestos del próximo año adelantó desde la tribuna del Congreso que el Gobierno presentaría ante la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, como exigen los socios separatistas de ERC para que los fugados del 1-O puedan volver a España sin rendir cuentas ante la Justicia y Oriol Junqueras recuperar su habilitación para ser candidato en próximas elecciones.
