Aumentan los asesores del Gobierno

Sánchez, a la desesperada: contrata a un ‘lanzabulos’ como asesor

Dirigentes del PP aseguran que “juega sucio, es un intoxicador, un ‘killer’ y "lanza bulos”

Sánchez contrata al asesor político que quiso desprestigiarle a él y a Iglesias cuando trabajaba para el PP

El PSOE ha contratado al polémico consultor político Aleix Sanmartín de cara a las próximas elecciones, cuyas estrategias siempre han sido criticadas, ya que sus campañas no consisten en movilizar al electorado del partido al que represente, sino en desmovilizar a los contrarios, en este caso, a los votantes de PP y VOX.

El primer encargo a Sanmartín en España también fue del PSOE: en 2008, para Zapatero. En 2018, Sanmartín ideó el controvertido inicio de la campaña de Juanma Moreno, que apareció en la puerta de un prostíbulo para denunciar los gastos de altos cargos socialistas en ese tipo de establecimientos.

Después de ese éxito, Teodoro García Egea, entonces secretario general del PP, se llevó a Sanmartín a Génova. Entonces hizo una campaña de desprestigio contra PSOE y Podemos, para las elecciones de noviembre de 2019, con la imagen de Sánchez e Iglesias en la que invitaba a la izquierda a no votar. Y se acusó a Más País y a Errejón, separado de Podemos, de lanzar esta campaña para quitarle votos a su expartido.

Ahora que Sanmartín está al servicio de Sánchez, dirigentes del PP aseguran, según informa El Debate, que “juega sucio, es un intoxicador, un ‘killer’ y «lanza bulos”.

Llama la atención que, a la misma vez, el PSOE haya creado un “comité contra la desinformación de la derecha” para desmentir los bulos que, según dicen, difunden PP y VOX contra ellos.

Asesores va, asesores vienen

Gastan sin parar. Como no lo pagan ellos, el derroche es su modelo predilecto.

El año pasado comentábamos sobre la cifra absurda de asesores con los que cuenta el Gobierno más caro de la historia. Todo, en medio de una terrible crisis económica que ya no pueden negar.

Las cifras de asesores que ya se manejaban son cuando menos sonrojantes, y récord:

«Nada más y nada menos que 521, rompiendo el récord en lo que se refiere al personal de la más estrecha confianza de un presidente del Gobierno».

«Desde que llegó a La Moncloa, no ha hecho otra cosa que ir engordando la nómina dedicada a asesores».

«Si en el ejercicio de 2018 el presidente saliente, Mariano Rajoy, tuvo un total de 294 efectivos considerados como personal de confianza, Sánchez se puso en el empeño de incrementar esa cantidad ejercicio tras ejercicio».

«En 2021, cuando el actual inquilino de La Moncloa pudo tener aprobados sus primeros Presupuestos, disparó la cifra de eventuales a 452».

«En 2022 ese número creció hasta llegar a los 475 y ahora, dentro de un año electoral, y con la situación de crisis por la que atraviesa España, a Sánchez se le dispara la mano y ya sobrepasa los 500, 521 para ser exactos».

Sin transparencia

Ya contábamos en agosto de 2022 cómo el Consejo de Transparencia quiere saber al respecto de los asesores, y poco sabe. 

«El organismo también indica que deben especificar qué tareas cumplen cada uno de ellos, cuánto cobran y cuáles son sus acreditaciones académicas.

«El ente ha otorgado un plazo de 10 días a Félix Bolaños para entregar los datos que ya le fueron solicitados al ministro hace casi un año y que no han recibido, pese a que el Gobierno le encanta hablar de moralidad y esgrimir su postura anticorrupción, aunque no han tenido reparo en salir a la defensa de los condenados por el caso de los ERE, Griñán y Chaves, y se muestran opacos con este y otros temas.

«Hace casi un año que esta información fue solicitada a Moncloa que no contestó de ninguna forma a la petición de información. Ante esta actitud, el órgano que preside José Luis Rodríguez Álvarez presentó una queja ante el Consejo de Transparencia que ahora ha sido estimada.

«El ente recrimina a Bolaños su silencio, ya que ni siquiera presentó alegaciones ni motivos para no ofrecer la información. Esto «dificulta considerablemente» la tarea del Consejo de Transparencia para «pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada»».

 

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