«Algo huele a podrido en Dinamarca«.
Esta famosa frase de la producción literaria de William Shakespeare puede aplicarse perfectamente en relación a María Gámez.
Su dimisión al frente de la Guardia Civil tiene «gato encerrado», tal y como dictaminó este 23 de marzo de 2023 el periodista Carlos Herrera (COPE).
Por lo pronto, y para abrir boca, no hay que dejar pasar por alto la información que adelanta el diario ‘El Debate‘ sobre la adquisición por parte de la ya exdirectora de la Benemérita de un ático valorado en un millón de euros en una zona de costa de la provincia de Málaga.
La compra de este inmueble la hizo junto a su marido, Juan Carlos Martínez, y lo realmente interesante es el dato de que la operación se hizo en el 2012 el año en el que este cobró de manera irregular unas ayudas públicas y ella estaba prácticamente estrenando su puesto de concejal en el Ayuntamiento de la capital malacitana.
Precisamente, a tenor de esas percepciones ilegales, el marido de la exdirectora del Instituto Armado está siendo investigado en una trama judicial con ramificaciones con el caso de los ERE fraudulentos de la época en la que el PSOE gobernaba con mano de hierro la Junta de Andalucía.
Y la cantidad por la que está siendo seguido muy de cerca por la Justicia es de 1,3 millones, una cifra muy cercana al coste desembolsado por el ático dúplex.
La vivienda, de 170 metros cuadrados, se encuentra en la exclusiva Playa de la Misericordia de Málaga, en pleno Paseo Marítimo Antonio Banderas. Consta de recibidor, salón-comedor, tres dormitorios, tres baños, cocina y un lavadero. La vivienda cuenta con una escalera de caracol que da acceso a una amplia terraza con vistas al mar que cuenta con una superficie de 88 metros cuadrados.
Igualmente, en ese mismo inmueble tanto Gámez como su marido se hicieron con un trastero y una plaza de garaje.
‘Caso Santana Motor’
Juan Carlos Martínez está imputado en el ‘caso Santana Motor‘, una de las piezas judiciales vinculada a los ERE fraudulentos de Andalucía.
En concreto se investiga la concesión irregular de préstamos públicos por valor de 36 millones de euros a la fábrica de automóviles Santana Motor de Linares (Jaén) por parte de la Agencia IDEA, perteneciente a la Junta de Andalucía. Las cantidades fueron concedidos entre 2009 y 201.
El esposo de Gámez fue nombrado director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA por parte del gobierno del expresidente de Andalucía Manuel Chaves, condenado por los ERE a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Martínez abandonó el puesto en octubre de 2009 un día antes de que IDEA contratara con una sociedad creada por el propio marido de Gámez.
Tras abandonar este puesto fue nombrado director del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía, también de titularidad pública. En ese momento, el nombramiento de Martínez fue autorizado por José Antonio Griñán, también condenado en los ERE a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en la concesión de ayudas públicas irregulares.
