Es la prueba del nueve de hasta dónde debe llegar el pringue de las corruptelas de Tito Berni (PSOE) para actuar de tal manera.
La información que este 12 de abril de 2023 adelanta el digital ‘El Debate‘, pieza firmada por Antonio Naranjo, deja bien a las claras que los socialistas intentan por todos los medios posibles obstruir tanto la investigación política como la judicial.
Según este medio, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, habría destruido todos los registro en los que hubieran quedado recogidos los encuentros del parlamentario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el conocido como Tito Berni, con otras personas en su despacho del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.
Cierto es que, según una normativa de la Cámara, los datos de las visitas que reciben los representantes públicos en el edificio del Congreso de los Diputados son custodiados por un tiempo por los Servicios de Seguridad, pero pasado ese plazo se procede a su destrucción.
¿Resultado? Que no queda constancia de quiénes pasaron por las estancias de Tito Berni ni, por supuesto, qué temas se abordaron en esas citas.
La decisión de borrar las pruebas se sustenta en una supuesta obligación de eliminar el registro de visitas de todos los diputados, que queda consignado a la entrada del Congreso: antes de acceder a él, se recoge el nombre y el DNI de la persona o personas citadas por cualquier miembro de la Cámara, lo que hubiera permitido conocer al milímetro la actividad de Tito Berni.
Sin embargo, esa norma tiene ciertas lagunas.
Y es que el único reglamento que hay ahora mismo en vigor es el Código de Conducta de las Cortes Generales. Este no pone por ningún sitio que se esté obligado a eliminar la información que, sin embargo, la presidenta de la Cámara Baja se ha apresurado a hacerla desaparecer.
Y eso, paradójicamente, que ese reglamento la aprobó en el año 2020 la mismísima presidenta del hemiciclo.
El preámbulo de ese articulado dice claramente que se debe garantizar la ejemplaridad y transparencia de la conducta de los parlamentarios que como representantes del pueblo ha de responder a los más exigentes imperativos éticos.
Y yendo al punto 2 del artículo 6 queda aún mucho más patente:
Asimismo, los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.
A estos efectos tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas.
El caso de Alberto Rodríguez
El problema de fondo es que Meritxell Batet no actúa conforme a la neutralidad a la que le obliga su cargo.
Utiliza el puesto de manera partidista, siempre tendente a favorecer a su propia formación, el PSOE, o quienes sustenten en el Gobierno socialcomunista a Pedro Sánchez.
Poco a poco vamos conociendo todas las triquiñuelas y artimañas que la presidenta del Congreso de los Diputados ha ido colando de rondón.
Uno de los episodios más bochornosos fue la manera en la que actuó para intentar mantener al delincuente Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) en su escaño.
Meritxell Batet, ocultó en su carta al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, que el letrado mayor de las Cortes la instó a ejecutar la inhabilitación del condenado Alberto Rodríguez tal y como establecía la sentencia del Alto Tribunal. Y a esto hay que sumarle ese informe ad hoc que le pidió a los letrados del Congreso que ninguno se atrevió a firmar, esto nunca ocurrió antes en España, es inaudito, y todo para ir en contra del Tribunal Supremo. Insistimos, para ir en contra del Alto Tribunal.
Además, a sabiendas que lo que estaba perpetrando era una aberración, obligada, eso sí, por Pedro Sánchez, que ningún Ministro mueve un dedo sin que Sánchez se lo diga, todos actúan colegiadamente y son cómplices, que quede claro.
No hay que olvidar que Batet es profesora de Derecho Constitucional en la Pompeu Fabra, sabe perfectamente lo que hace. Pero aún así prefirió tratar de ir en contra de la Ley. Porque tenemos un Gobierno que, como ustedes ya saben, no respeta las leyes, ni la Constitución, ni la independencia judicial, ni la separación de poderes, en general.
