Al Gobierno Sánchez cada vez le queda menos escapatoria con el ‘caso Koldo-Ábalos‘.
Lo que se quiso dejar cerrado en su momento como una golfería del asesor del exministro de Transportes con el cobro de unas comisiones ilegales por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia por el coronavirus, está llegando a unos niveles que espantan en el Palacio de La Moncloa.
Primero fue el propio Ábalos fue ‘invitado’ a devolver su acta parlamentaria al Grupo Socialista. Después empezaron a salir los nombres de Salvador Illa, líder del PSOE catalán y exministro de Sanidad, así como el de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
La cuestión comenzó a subir de decibelios con Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. Y es que cuando fue presidenta de Baleares, utilizó cerca de tres millones de euros de Fondos Europeos para adquirir unas mascarillas ‘fake’.
Y ahora, este 4 de marzo de 2024, el vodevil añade más nombres.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno Sánchez, María Jesús Montero.
En el caso del exjuez, las sospechas se ciernen en los sobrecostes pagados por la compra de mascarillas, según cuenta ‘OkDiario‘.
Las mascarillas eran las mismas y se compraron en la misma época, pero Marlaska pagó por ellas un precio de 3,27 euros la unidad, cuando el resto de organismos abonó 2,50 euros.
Una diferencia sobre la que llama la atención un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso. La diferencia es extraña y se presta a todo tipo de interrogantes, porque los 3 millones iniciales de presupuesto (a 2,50 euros la pieza) tuvieron que elevarse 1,5 más para poder afrontar el contrato con el incremento de precio. Por cierto, el desvío se pagó con fondos de seguridad ciudadana.
Por su parte, María Jesús Montero, según el diario ‘ABC‘, tuvo conocimiento a principios de 2022 de las irregularidades en la compra de mascarillas por parte de Puertos del Estado.
Así consta en una auditoría de la Intervención General de la Administración, que precisamente depende de su departamento y que alertó con perfecta claridad del irregular modo en que el organismo público había contratado la adquisición de material sanitario.
El informe, de diciembre de 2021, se envió a principios de 2022 a las subsecretarías de Transporte y de Hacienda, por lo que la María Jesús Montero pudo constatar, a través de una información oficial unos hechos que habrían requerido de su inmediata intervención.
El rosario de irregularidades es para parar un tren.
Por ejemplo, el contrato no cumplió con los debidos requisitos de publicidad, la contratación se reportó al Consejo de Ministros fuera del plazo de treinta días requerido, tampoco se solicitaron ofertas a otros proveedores ni que se negociaran las condiciones o el precio con el adjudicatario, la compra de material sanitario por parte de Puertos del Estado es la única contratación en la que la empresa proveedora se pone en contacto con la contratante con la mediación, precisamente, del Ministerio de Transportes, centro de operaciones de la trama. Tampoco se verificó la solvencia técnica del proveedor y en el informe se alerta que no había constancia documental de cómo pudo tenerse noticia de la empresa.
