En La Retaguardia de este jueves 08 de Mayo, Eurico Campano contará con el periodista Eduardo García Serrano y la diputada del PP, Milagros Marcos para analizar la pretensión del Gobierno de autorizar o no la OPA de BBVA a Sabadell parapetado en una consulta popular. Además, en esta consulta organizada por Sánchez se puede votar para fastidiarle. Explicamos cómo hacerlo. Este es el enlace a la votación.
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a primar la ideología izquierdista sobre la lógica de funcionamiento de la Economía. Si en un sistema de libertad económica son los accionistas de una empresa los que deciden si venden o no, Sánchez pretende aplicar un esquema socialista según el cual, sería el pueblo el que decide algo que no le compete. Y es que quien no tiene la propiedad de un bien no debería poder decidir sobre ese bien. Pero la ideología socialista ataca, precisamente, eso.
Esta maniobra propia de la Venezuela chavista ha sorprendido al panorama económico y político español e internacional al recurrir a una presunta consulta para vetar o no que el BBVA haga una Oferta Pública de Adquisición a los accionistas del Banco Sabadell. Esta iniciativa, anunciada por el presidente el pasado lunes durante su intervención en la reunión anual del Círculo de Economía de Barcelona, permite que cualquier ciudadano, organización o asociación exprese su opinión sobre esta operación financiera hasta el próximo 16 de mayo.
La consulta, que estará abierta durante siete días hábiles, plantea seis preguntas directas a los participantes, siendo la principal: «¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?». El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, ha tratado de blanquear este despropósito alegando que se pretende «obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros».
Un procedimiento inédito que genera controversia
Lo inusual de esta medida ha generado un intenso debate político y económico. El ministro Cuerpo ha defendido que el sondeo encaja con la legalidad, a pesar de las críticas recibidas, argumentando que se trata de un «proceso de escucha» similar al realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante su análisis. Sin embargo, esta consulta no será vinculante y las respuestas podrán hacerse públicas.
El procedimiento ha sido calificado como «inédito» por diversos analistas, ya que es la primera vez que el Gobierno recurre a esta herramienta para conocer cómo puede afectar a determinados sectores la intención del banco que dirige Carlos Torres de integrar en su negocio la entidad catalana. Tradicionalmente, las consultas públicas se utilizan para la elaboración de proyectos normativos, no para operaciones empresariales privadas como una OPA.
La operación, que de aprobarse crearía el segundo mayor banco de España, ya había recibido el visto bueno de la CNMC, aunque con ciertas condiciones. Ahora, tras esta consulta, el Ejecutivo se dará hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no la operación al Consejo de Ministros. De hacerlo, el Gobierno tendrá un mes adicional para fijar nuevos condicionantes a la adquisición, si lo considera necesario.
Críticas desde la oposición
El Partido Popular ha mostrado su rechazo tanto a la OPA como al procedimiento de consulta establecido por el Gobierno. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado duramente esta iniciativa, calificándola de «arbitraria» y generadora de «inseguridad jurídica». «Esto no forma parte del procedimiento, con lo cual estamos en arbitrariedad», ha declarado Gamarra, quien además ha señalado la contradicción de que «ahora quiere consultar cuando a los españoles no nos consulta absolutamente nada. No nos consultó sobre la amnistía».
Por su parte, el PP catalán se ha posicionado claramente en contra de la OPA, considerando que es preferible mantener una pluralidad de oferta financiera tanto para ciudadanos como para empresas. Santi Rodríguez, secretario general de los populares catalanes, ha calificado de «preocupante» que el Ejecutivo realice una consulta sobre una operación de estas características, lo que a su juicio demuestra que «el Gobierno no tiene opinión con respecto a una operación de gran envergadura».
Cuestionamientos técnicos al formulario
Más allá del debate político, el propio formulario de consulta ha sido objeto de críticas por su diseño y accesibilidad. Algunos medios han señalado que el cuestionario emplea un lenguaje técnico «que difícilmente está al alcance de la gran mayoría de la población», con preguntas complejas sobre criterios de interés general y valoraciones de impacto que requieren conocimientos específicos del sector financiero.
Esta situación plantea dudas sobre la efectividad real de la consulta y su capacidad para recoger una opinión representativa de la ciudadanía sobre un tema tan técnico como una operación de concentración bancaria.
Implicaciones económicas y laborales
La operación entre BBVA y Sabadell tiene importantes implicaciones económicas. Si se aprueba, crearía una entidad bancaria de gran tamaño, lo que podría afectar a la competencia en el sector. Además, existen preocupaciones sobre el impacto laboral, con estimaciones que apuntan a que hasta 5.000 empleos podrían estar en riesgo debido a las duplicidades entre ambas entidades.
El BBVA argumenta que esta fusión permitiría crear un banco más fuerte, competitivo y rentable. Sin embargo, diversos actores políticos y sociales han expresado sus dudas sobre los beneficios reales para los consumidores y la economía española en general.
Un precedente controvertido
La decisión del Gobierno de someter a consulta pública una operación empresarial privada establece un precedente controvertido en el panorama económico español. Nunca antes se había utilizado este mecanismo para una OPA, lo que genera incertidumbre sobre cómo podrían abordarse futuras operaciones similares.
El plazo para participar en la consulta finaliza el 16 de mayo, tras lo cual el Ministerio de Economía analizará las aportaciones recibidas. La decisión final sobre si elevar o no la operación al Consejo de Ministros se tomará antes del 27 de mayo, en un proceso que estará sin duda marcado por la polémica y el debate político.
La iniciativa del Gobierno ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre la intervención estatal y la libertad de mercado, así como los diferentes enfoques sobre cómo debe regularse el sector financiero en España. Mientras algunos defienden una mayor supervisión gubernamental para proteger el «interés general», otros critican lo que consideran una injerencia excesiva en operaciones privadas que deberían regirse principalmente por criterios de mercado.
¿Sabía que esta es la primera vez en la historia económica reciente de España que se somete a consulta pública una operación de concentración bancaria? Un dato curioso es que el formulario de consulta permite la participación de cualquier ciudadano, independientemente de sus conocimientos financieros, lo que ha llevado a algunos expertos a cuestionar la validez técnica del proceso como herramienta para la toma de decisiones en un asunto tan complejo.
De aplicar esta misma lógica esperpéntica, podría someterse a consulta de personas no especializadas en las materias, por ejemplo, cómo debe operar un cirujano a un paciente, cómo debe un mecánico arreglar un coche o cómo tiene que elaborar una receta de cocina el mismísimo Arguiñano. Sería todo muy democrático pero, a la vez, profundamente imbécil.
