No hay día sin su sobresalto.
El jefe de la Audiencia Nacional habría filtrado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, información reservada sobre la inminente absolución de José Luis Trapero, el exmayor de los Mossos d’Esquadra, mucho antes de que la decisión judicial se hiciese pública. La frase “Van a absolver a Trapero… para que lo manejéis” enviada a Sánchez y a José Luis Ábalos, entonces hombre fuerte del PSOE, ha encendido todas las alarmas sobre la independencia del poder judicial y el uso partidista de informaciones sensibles.
La noticia, confirmada por mensajes recogidos en distintas investigaciones periodísticas, no solo pone en jaque la reputación de las instituciones, sino que alimenta la sospecha recurrente sobre un intento sistemático del Ejecutivo socialista por controlar resortes clave del Estado. El asunto, lejos de diluirse, ha abierto una grieta difícil de cerrar entre poderes y ha reavivado viejos fantasmas sobre el mercadeo de secretos judiciales en beneficio político.
Trapero: de icono independentista a pieza en el tablero político
La figura de José Luis Trapero ya era polémica mucho antes de esta filtración. Responsable de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1-O, fue acusado por la Fiscalía de “dejación de funciones” y de facilitar indirectamente los planes secesionistas. Aunque finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional en 2020 –al no acreditarse colaboración con el procés–, su caso siempre estuvo rodeado por el ruido político y mediático.
La absolución permitió su restitución como jefe policial bajo gobiernos nacionalistas, aunque más tarde fue cesado tras los cambios políticos en Cataluña. Recientemente ha regresado como director general en el Govern liderado por Salvador Illa (PSC), lo que subraya la relevancia estratégica que sigue teniendo para distintos actores políticos tanto en Cataluña como en Madrid.
PSOE, Ábalos y el delicado equilibrio institucional
El papel del PSOE y particularmente el de Ábalos aparece salpicado una vez más por las maniobras en la trastienda institucional. Según los mensajes revelados, tanto Sánchez como Ábalos estaban al tanto de movimientos judiciales que afectaban directamente a figuras clave para su estrategia territorial y política. Esto no hace sino reforzar las críticas sobre una tendencia creciente a utilizar información privilegiada para anticipar o condicionar decisiones con alto impacto mediático y electoral.
Este episodio se suma a otros recientes donde se ha cuestionado la neutralidad institucional durante el mandato socialista: desde presiones sobre la Fiscalía hasta nombramientos controvertidos o la difusión selectiva de datos sensibles para erosionar adversarios políticos o blindar aliados estratégicos.
La Audiencia Nacional bajo sospecha: ¿justicia tutelada?
El hecho de que un alto cargo judicial comparta con miembros del Ejecutivo decisiones aún bajo secreto pone en entredicho uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la separación de poderes. El editorial publicado este viernes subraya que “el chivatazo puede ser constitutivo de delito” y evidencia una preocupante deriva hacia el control político sobre la administración de justicia.
En un contexto marcado por escándalos previos –desde las andanzas del comisario Villarejo hasta denuncias archivadas como las presentadas por el propio Trapero–, este nuevo caso amenaza con agravar la percepción ciudadana de politización y falta de transparencia en las altas instancias judiciales.
Los posibles efectos: crisis institucional y descrédito internacional
La filtración ha provocado una reacción inmediata entre los partidos de la oposición, juristas y asociaciones judiciales. No se descartan investigaciones internas ni posibles acciones legales contra quienes resulten responsables del flujo irregular de información confidencial. Más allá del ruido mediático, lo cierto es que este episodio puede tener consecuencias graves:
- Erosión adicional de la confianza ciudadana en las instituciones.
- Deterioro en la imagen internacional del sistema judicial español.
- Mayor polarización política y judicialización del debate público.
- Refuerzo para quienes reclaman reformas urgentes para blindar realmente la independencia judicial.
Curiosidades, detalles singulares y datos llamativos
- El propio Trapero reconoció recientemente haber necesitado 190 sesiones psicológicas tras su paso por primera línea policial durante los años más convulsos del procés. No es habitual que altos mandos policiales compartan tan abiertamente su vulnerabilidad emocional tras episodios traumáticos.
- La restitución política y administrativa de Trapero tras su absolución fue firmada nada menos que por Miquel Sàmper, ahora conseller en el Govern socialista catalán.
- Las filtraciones coinciden con otros episodios llamativos: desde agentes investigados por ayudar a fugas políticas hasta operaciones internas para depurar responsabilidades dentro del cuerpo autonómico catalán.
- En redes sociales, usuarios han ironizado sobre lo difícil que resulta distinguir entre novela negra judicial y actualidad política española: “Aquí ni John le Carré podría seguirle el ritmo al BOE”, bromeaba ayer un conocido analista.
En definitiva, España asiste atónita al último capítulo –y no parece ser el último– donde justicia, política y poder se entremezclan dejando al ciudadano con una pregunta inquietante: ¿quién vigila a los vigilantes?
