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La Guardia Civil, bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña (Juzgado Central de Instrucción nº 6), está llevando a cabo diligencias secretas para esclarecer un presunto ataque cibernético coordinado que tuvo lugar precisamente el día de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Según fuentes cercanas al caso consultadas por ‘El Confidencial‘, las pesquisas apuntan directamente al grupo hacker prorruso NoName057(16), una organización criminal que opera al servicio de los intereses del Kremlin y que ya había sido señalada en otros incidentes de ciberhostigamiento contra intereses españoles y europeos.
El ataque se centró en un bloqueo masivo (DDoS) de las webs oficiales del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral Central, justo en plena jornada electoral. Aunque no alteró el recuento de votos (que se realiza de forma manual y presencial), el objetivo habría sido claro: generar caos informativo, provocar colapso en la consulta de resultados en tiempo real y alimentar narrativas de fraude que cuestionaran la validez de todo el proceso.
Esta investigación llega ahora, casi tres años después, en un contexto de máxima sensibilidad política: el Gobierno de coalición salió reforzado de aquellas elecciones y la oposición (sobre todo PP y VOX) denunció en su momento múltiples irregularidades, especialmente en el voto por correo. El hecho de que se trate de diligencias reservadas y bajo secreto de sumario explica por qué no había trascendido hasta ahora.
Fuentes jurídicas consultadas indican que se está analizando si el ataque forma parte de una campaña más amplia de injerencia extranjera en procesos electorales democráticos, en línea con lo que ya han sufrido otros países europeos.
Por el momento ni el Ministerio del Interior ni la Audiencia Nacional han realizado declaraciones oficiales.
