La audiencia nacional ha sancionado a Antonio Rubio con una multa de 1000€ por no revelar las fuentes que le proporcionaron un documento con el que aportó información sobre los atentados del 11-M. Este acontecimiento abre el debate sobre el derecho, contenido en un artículo de la FAPE, al secreto profesional periodístico, que -en principio- sólo puede ser anulado cuando existan pruebas de que la información proveniente de la fuente es falsa o bien cuando la revelación de dicha fuente pueda evitar un daño grave a personas.
En este caso, la audiencia nacional se ha amparado en el hecho de que este artículo no ha sido desarrollado legalmente, pero lo cierto esque desde el momento en que los jueces fracasaron en el esclarecimiento de los hechos acontecidos en el 11-M, parece que ha habido una persecución constante a aquellos periodistas que han puesto en evidencia al poder judicial.
En primer lugar, el caso que nos ocupa, Antonio Rubio. En segundo y siguientes tenemos la condena a Jímenez Losantos por el caso Gallardón, la prisión provisional de los policías acusados de hablar con Fernándo Lázaro y finalmente la citación de Luis del Pino ante Garzón.
La FAPE opina que…
