CiU quiere que se restituya a los perjudicados, o a sus herederos, el importe de los bienes de los que fueron desprovistos, actualizando las cantidades en razón del tiempo transcurrido
Buscar en el baúl de los recuerdos ¿Para qué?
El Congreso debatirá una iniciativa de CiU con la que este grupo pretende conseguir la restitución o compensación a los periodistas y las empresas editoras perjudicadas por la incautación de bienes y derechos vinculados a los medios de comunicación durante el franquismo.
‘El Heraldo de Madrid’, ‘El Liberal’, ‘El Defensor’ o ‘La Moda práctica’ son algunas de las cabeceras de la Sociedad Editora Universal que durante la posguerra experimentaron el decomiso de su maquinaria, su material y sus enseres y que CIU pone como ejemplo de las prácticas llevadas a cabo en la Dictadura.
La proposición no de ley del grupo catalán, que se discutirá en la Comisión Constitucional del Congreso, emplaza al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe que contenga el censo de los medios periodísticos cuyos bienes fueron incautados en base a una ley aprobada el 13 julio de 1940.
PAGAR LO QUE HOY VALDRÍAN
Propone CiU que, una vez culminado este censo, se restituya a los perjudicados, o a sus herederos, el importe de los bienes de los que fueron desprovistos, actualizando las cantidades en razón del tiempo transcurrido.
Los nacionalistas catalanes recuerdan que tanto durante la Guerra Civil como a su término se produjeron incautaciones que afectaron a publicaciones de todos los partidos políticos, asociaciones sindicales y empresas periodísticas.
Acabada la guerra, los editores considerados por los vencedores como afines al Movimiento Nacional recuperaron sus bienes, mientras que quedaron definitivamente expoliadas aquellas cabeceras que habían tenido una trayectoria democrática y liberal.
En la proposición de CiU
«También resultaron víctimas de la expoliación los periodistas y trabajadores de las empresas editoriales, a los que no sólo no les fueron respetados sus derechos laborales, sino que muchos de ellos fueron perseguidos y privados del ejercicio de la profesión bajo la simple acusación de sus anteriores vínculos»
CiU hace hincapié en que en la etapa democrática tampoco se ha dado solución a las reclamaciones de estas empresas pese a la aprobación en 2007 de la llamada Ley de Memoria Histórica.
