El grupo PRISA con su actitud inquisitorial pretende convencernos de que en realidad están defendiendo la libertad de información
Juan José Güemes vuelve a sacudir a Prisa por sus pataletas tras el fallo que condena a dos periodistas de la SER. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, acusa a Cebrián y cia. de querer crear «un clima en el que a quien corresponda fallar sobre el recurso, le sea muy difícil ratificar la condena». Y le arrea más leña a Pradera: «Javier, todavía estoy esperando a que me digas en qué párrafo de la sentencia se da por cierta la farsa construida por la cadena SER».
Güemes pone el acento en que el Grupo Prisa ha cometido un delito que ocasionó graves perjuicios a esa gente. Esa es la realidad y no otra. Y destaca que no estamos hablando de limitar la libertad de información de unos periodistas o de un medio de comunicación sino de que se han obtenido y hecho públicos datos personales íntimos que no eran noticiables y pese a no serlo se hicieron públicos.
Reproducimos por su interés la segunda parte de la respuesta de Güemes al Grupo Prisa:
«Sostenella y no enmendalla» era la fórmula de vida con la que creían mantener y reforzar su honor los hidalgos españoles del Siglo de Oro. Lo malo no es equivocarse, sino reconocer el error; y para eludir las consecuencias del error, hay que perseverar en la equivocación, da igual cuales sean las consecuencias.
Tal es la actitud que ha tomado el Grupo Prisa en relación al abuso de poder (mediático) que perpetró contra unos ciudadanos anónimos cuyo “delito” es ser militantes del Partido Popular y no del partido preferido por el citado grupo empresarial. La Cadena Ser cometió un error al publicar una lista de afiliados al Partido Popular. Dio a conocer sus nombres, su domicilio y su filiación política y los relacionó con una denuncia falsa. Fue un grave error que ocasiono graves perjuicios a esa gente, algunos de los cuales aparecen recogidos como testimonios en la sentencia que ha condenado a dos altos directivos de la cadena SER por revelar estos datos tan sensibles sin su consentimiento.
La Constitución española (artículos 10, 16 o 20.4, entre otros) protege especialmente los datos que están estrechamente relacionados con la intimidad personal. Cualquier estudiante de periodismo sabe que existe una delimitación entre lo íntimo, lo privado y lo público que condiciona el derecho a la información; la filiación política pertenece a lo íntimo, a la intimidad, a esa esfera inviolable de cada persona a la que no es posible acceder, y menos difundir públicamente, sin su previa aprobación.
La cadena SER decidió sin embargo revelar unos datos de personas anónimas que tienen la máxima protección de nuestro ordenamiento jurídico, relacionando sus nombres con una denuncia falsa. Esa es la realidad y no otra. No estamos hablando de limitar la libertad de información de unos periodistas o de un medio de comunicación; estamos hablando de que se han obtenido y hecho públicos datos personales íntimos que no eran noticiables y pese a no serlo se hicieron públicos.
Pese a ello, el grupo mediático al que pertenecen los dos directivos condenados ha iniciado toda una campaña que recuerda a las prácticas de una institución que tuvo también su apogeo en nuestro Siglo de Oro y que pasó a la historia como ejemplo de la intolerancia.
La cadena SER y el grupo PRISA han tenido la desfachatez de mantener los insultos a las personas cuyos derechos vulneraron y que hicieron uso de los instrumentos que ofrece el Estado de Derecho para defenderse. El grupo PRISA ha desplegado todos sus resortes en un ejercicio, este sí, de “mantenella y no enmendalla”, propio de los tiempos de fray Tomás de Torquemada.
El grupo PRISA con su actitud inquisitorial pretende convencernos de que en realidad están defendiendo la libertad de información y que la sentencia es un ataque a la misma; cualquiera que ose acatar o simplemente explicar lo que dice la sentencia es susceptible de ser quemado en un auto de fe que se desarrolla en las páginas y en las ondas de las empresas a las que pertecen los dos directivos condenados.
No nos encontramos ante el dilema clásico de la carta de Thomas Jefferson al Doctor Curie; no se trata en este caso de elegir “periódicos sin Gobierno o Gobierno sin periódicos”, sino de defender la protección de los derechos fundamentales de unos ciudadanos de a pie que cometieron la terrible falta (a los ojos del inquisidor) de afiliarse al Partido Popular y que se vieron injustamente relacionados con una denuncia falaz de que lo hicieron irregularmente.
Incluso han falseado el contenido de la sentencia que critican de manera tan furibunda para hacer creer que la misma da por cierta la falsa denuncia que pretendían desvelar. La paradoja es clara: insultan al juez que dicta la sentencia; denigran la sentencia; pero manipulan su contenido para mantener sus insultos a 78 militantes de base del Partido popular. Ese debe ser el significado del artículo de Javier Pradera “sostenella y no enmendalla”. Por cierto, Javier, todavía estoy esperando a que me digas en qué párrafo de la sentencia se da por cierta la farsa construida por la cadena SER.
Es muy importante que nos detengamos en el contexto en el que se desarrollaron los hechos que han dado lugar a la sentencia condenatoria. Estamos hablando del año 2003, en plena campaña contra la denominada guerra de Irak, donde se produjeron insultos y agresiones físicas a militantes de base del PP. Una situación que se prolongó durante meses, con más de 300 incidentes, de los cuales casi 50 se dieron en la Comunidad de Madrid. Uno de estos incidentes se produjo en marzo de ese año con motivo de la visita de Alberto Ruiz Gallardón a la sede del Partido Popular de Villaviciosa de Odón, localidad de 20.000 habitantes donde están afiliados los 78 militantes que han visto sus nombres y domicilios publicados en la página web de la Cadena SER. Algunos, como consta en la sentencia tuvieron incluso que cambiar de teléfono.
En mi opinión, lo que pretendía la Cadena Ser al publicar esos nombres era amedrentar a esos afiliados al PP y, por extensión, a todos los afiliados del PP; redondear sus vidas y sus opiniones políticas con una diana y convertirles en el objetivos de la ira sectaria promovida por el Partido Socialista con la ayuda de los medios de comunicación del Grupo Prisa, dentro de esa estrategia de arrinconar al adversario democrático (PP) y hacerlo pasar por “el enemigo”: si eres del PP, puedes ser denunciado por la cadena Ser, aunque lleves tu militancia desde el anonimato.
En mi opinión, el propósito de Juan Luis Cebrián y de la Cadena Ser al insultar a diario al juez que dictó la sentencia, al fiscal, a los promotores de la querella y a los pocos que nos hemos negado a respaldar su campaña de mentiras y de insultos, no es otro que el de construir un clima en el que a quien corresponda fallar sobre el recurso, le sea muy difícil ratificar la condena: si condenas a uno de los nuestros, te ponemos en la diana, como a aquellos militantes del PP.
“Más quiero rasgar mi firma que mi alma” decía Carlos I cuando pese a ser emperador del vasto imperio español y con un poder omnímodo rectificó ante una decisión injusta que había adoptado personalmente. Me temo una vez más que el grupo PRISA, se aferrará al “sostenella y no enmendalla” más propio de los “hidalgos” del siglo XVI.