Martxelo Otamendi, director de Egunkaria: "Seguro que el Estado preferirá asumir que ha habido un error judicial antes que darnos un euro
El diario El País responde a esta pregunta en un amplio e interesante reportaje titulado No hay quien repare el cierre de un medio y el subtítulo: «La absolución de los directivos de ‘Egunkaria’ no resarce el daño siete años después de su clausura; Nadie paga el error judicial.»
Después de que el 12 abril 2010 la Audiencia Nacional sentenciara que la lucha antiterrorista no justifica cerrar un periódico y absolviera a los periodistas de ‘Egunkaria’ –puede consultar la sentencia íntegra en el PDF adjunto que acompaña estas líneas–, Isabel Landa recoge las opiniones de abogados penalistas, periodistas y profesores.
Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Castellón:
«En la práctica española la reparación de los errores judiciales se está convirtiendo en un calvario porque se necesita obtener una declaración judicial de que ha habido error y, además, el proceso no es automático. Si se recurre al Supremo, éste tendrá que reconocer que ha habido un error judicial, que a su vez tendrá que confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional constatando que el embargo y el secuestro del medio de comunicación vasco fue inconstitucional. Se puede reparar a través de una indemnización económica pero sería largo y costoso.
Las decisiones judiciales erróneas no son de mala fe; los jueces son humanos y se pueden equivocar. Lo importante es que legalmente se pueda reconocer el error y se pueda reparar de alguna manera, y la más común es la indemnización por daños y perjuicios»
Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM):
«En el momento en que los fiscales retiraron la causa, el caso tenía que haberse llevado mucho más deprisa. Estamos ante un preocupante fallo del sistema y eso implica que hay que hacer una reflexión profunda de qué está ocurriendo con la justicia en España cuando es tan barato poner querellas y éstas se acumulan de forma preocupante dentro del sistema judicial»
«Los daños son irreparables y cuantificarlos es difícil. Lo peor es el retraso de las sentencias y ponerles precio. Eso es complicado. Hay que reflexionar sobre cómo se aceleran todos estos procedimientos. Porque, que los españoles paguen los errores de unos señores [jueces] es un disparate. El análisis es que los jueces del Consejo del Poder Judicial en vez de ponerse a hacer notas para que no los toquen, deberían reunirse para preguntarse qué está pasando con la justicia española, aunque también es verdad que el sistema debe protegerse de sus propios excesos»
Fuentes judiciales:
«En el caso de Egunkaria ha habido dos medidas cautelares, una personal, la prisión provisional de las personas sometidas a juicio y la otra el cierre del periódico. De la lectura de la sentencia se desprende que no hubo prueba de cargo [según la Guardia Civil, el informe presentado no fue una prueba concluyente] por lo tanto si es así, el Estado debería responder con una indemnización, aunque hay matices que complican la reclamación económica, porque no existen precedentes al cierre del rotativo vasco y a la absolución de sus directores. En cuanto a la clausura del periódico, la sentencia es muy clara al señalar que se produjo sin habilitación constitucional, por eso, los perjuicios son claros. Se resarcen los daños ocasionados, el lucro cesante y el daño moral»
Manuel Cancio, catedrático de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid:
«No hubo error judicial con Egunkaria sino la culminación de una política criminal deliberada de confundir lo que es apoyo ideológico con lo que es realmente apoyar a una organización terrorista. No es que solo haya sucedido porque el juez instructor lo haya hecho mal, que no lo discuto, sino que es consecuencia de una ampliación general a través de una nueva interpretación de la jurisprudencia en los últimos 15 años que ha conducido a esto»
Loreto Corredoira, profesora de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid:
«La medida del cierre provisional de Egunkaria fue inadecuada. Podía haber habido una suspensión, pero para cerrar un medio de comunicación. La fiscalía y la parte acusadora tienen que estar muy seguras de las pruebas que tienen. Si la orden del cierre era de dudosa constitucionalidad, quizás deberían haber remitido el caso al Constitucional, pero como fue un asunto vinculado al terrorismo se tramitó en la Audiencia Nacional. La función de los jueces es pacificar, ordenar y hacer justas las cosas y en el caso de Egunkaria metieron el dedo en un enjambre»
Felipe Juaristi, escritor:
«Es kafkiano que se haya estado siete años con el caso de Egunkaria abierto. Cómo resarces entonces, después de tanto tiempo, el cierre de un periódico. Está bien que los jueces hayan reculado, pero tarde. La salida más digna sería la indemnización»
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia:
«La clave de la absolución ha sido el cambio de criterio de la fiscalía. No se puede dictar sentencia diciendo cosas inciertas como que hemos atacado el euskera»
Lamenta que «se admitan las torturas de estos individuos»
Martxelo Otamendi, director de Egunkaria:
«De alguna manera el Estado tiene que mandar un mensaje no sólo a Egunkaria sino a la sociedad vasca por las acusaciones que se han estado haciendo sobre todo lo relacionado con el euskera, con su utilización. Tiene que haber un mensaje que diga que ha sido muy grave lo ocurrido y que no volverá a pasar. Nosotros éramos una empresa editorial que trabajábamos tranquilamente. Todavía no está el caso totalmente cerrado y no se puede hablar de reclamar indemnizaciones económicas, pero seguro que el Estado preferirá asumir que ha habido un error judicial antes que darnos un euro»