La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado su desacuerdo con que el Ministerio de Industria imponga sanciones a los medios de comunicación.
La FAPE rechaza la multa de 100.000 euros que el departamento que dirige Miguel Sebastián anunció la semana pasada a Intereconomía por una campaña de spots promocionales de presunto contenido homófobo.
Para la federación, «las actuaciones de los medios de comunicación en relación al artículo 20 de la Constitución Española deben ser interpretadas por los tribunales y no por el Ejecutivo, por cuanto éstos garantizan la independencia de las decisiones y evitan dictámenes interesados».
La FAPE recuerda a la Subdirección General de Medios Audiovisuales la existencia de figuras como el derecho de rectificación (LO 2/1984), concebidas para este tipo de situaciones.
No obstante, esta entidad recuerda a los medios de comunicación que el artículo 6.3 de su Código Deontológico obliga a los profesionales de la información a «evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral».
