Es evidente que se trata de un intento de amedrantamiento a los periodistas
Cada vez es más visible la mano negra del gobierno que quiere apretar las tuercas todo lo posible al Grupo Intereconomía.
El Gobierno de Zapatero no da tregua a su archienemigo mediático: el grupo que comanda Julio Ariza.
Hace meses multaron con 100.000 al grupo que preside Julio Ariza por un vídeo que emitieron en la cadena de televisión manifestándose en contra del Orgullo Gay.
El pasado 27 de septiembre de 2010, Carlos Dávila (director de La Gaceta y del semanario Época) y Maite Alfageme (directora adjunta de ambas publicaciones) han tenido que ir a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid por publicar el empadronamiento irregular de María Teresa Fernández de la Vega en el municipio valenciano de Beneixidamás para las elecciones de 2008.
Un día después, otro juzgado condenó a Intereconomía a una fianza solidaria de más de un millón de euros a Jaime Marichalar por la portada de la revista Época en diciembre de 2008.
La última maniobra de esta ofensiva ha hecho diana en el periodista Enrique de Diego.
El director del programa ‘A fondo’ de Radio Inter ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía General del Estado. El motivo: unas declaraciones que De Diego realizó en su programa el 8 de abril, y en ‘El gato al agua’, el 6 de abril sobre José Bono.
El periodista ha asegurado a Periodista Digital que «la Fiscalía se ha convertido en el abogado defensor de José Bono y me parece una vergüenza»
Si José Bono considera que le he injuriado, lo lógico es que hubiera presentado él la querella, y no que la Fiscalía actúe de parte.
Para el veterano periodista es obvio que la Fiscalía depende del Gobierno. «No tenemos una Fiscalía General del Estado sino una Fiscalía General politizada, manifiestamente al servicio del Gobierno y del partido socialista. Eso es una evidencia y parte del mismo Estatuto del ministerio fiscal sometido jerárquicamente al poder político», sentencia.
Me parece lamentable que la Fiscalía pierda el tiempo y dilapide el dinero del contribuyente con minucias contra periodistas, en vez de dedicar ese tiempo y ese dinero a luchar más contra la corrupción y a perseguir a quienes se llevan el dinero a paraísos fiscales.
Es penoso que en España la lucha contra la corrupción resulte gravosa, pero afronto esta situación con tranquilidad y con orgullo. Todo el mundo en España sabe que José Bono no ha explicado el impresionante incremento de su patrimonio, que mintió significativamente en las dimensiones del patrimonio conocido, que no ha respondido a las acusaciones directas de Francisco Hernando, ‘El Pocero’. Y que no es ningún periodista el que tiene que dar explicaciones, sino el presidente del Congreso, que me parece, sinceramente, una vergüenza nacional que no haya dimitido.
Según Enrique de Diego a pesar de sus olvidos y notorias mentiras, la Fiscalía ha aceptado la versión de Bono, sin investigar nada.
Es evidente que se trata de un intento de amedrantamiento a los periodistas y una mediatización a la libertad de expresión, pero, en mi caso, no van a conseguir ninguna de las dos cosas. Me reitero en todo cuanto dije y, si la Fiscalía sigue adelante, puede ser un proceso interesante para aclarar muchas cosas sobre Bono, no, obviamente, sobre mí.
Esta situación es una muestra más de las carencias de nuestro Estado de Derecho, de la concentración de poderes en el ejecutivo y de la falta de auténtica independencia en el Poder Judicial.