Los ministros de Energía de la Unión Europea se han mostrado hoy a favor de permitir sólo aquellas perforaciones petrolíferas en alta mar que den garantías de seguridad y cuyos operadores demuestren tener capacidad «técnica y económica» para reaccionar ante accidentes, con el objetivo de reducir los riesgos de desastres ecológicos como el ocurrido en el golfo de México en abril de este año.
Además dejan claro a la industria su «responsabilidad» en cuanto a la seguridad de sus actividades en alta mar y apuntan retos que afronta el sector como la mejora de infraestructuras e instalaciones envejecidas.
En una reunión celebrada en Bruselas, los ministros han defendido que la legislación comunitaria dispone ya de los mecanismos necesarios para la protección del medio ambiente, pero admiten que «podría ser útil modificar o complementar» estas normas para dar «mayor coherencia al nuevo marco legislativo» y asegurar la aplicación del las prácticas «más avanzadas» en toda la UE.
También señalan el interés «vital» para Europa de tomar todas las medidas posibles para evitar accidentes como el del golfo de México, en el que una explosión en una plataforma de de BP dejó once muertos y un grave vertido. Y apuntan la contribución «de modo importante» a la seguridad del suministro energético en la UE y en el empleo.
Por todo ello, los ministros reconocen la importancia de que el régimen de licencias que se aplique sea «claro, eficaz y riguroso» y defienden la eficacia «probada» de la evaluación «coherente y caso por caso» de las operaciones individuales, «basada en la presentación de un análisis de seguridad» y que permita soluciones adaptadas a cada instalación.
Con todo, los ministros siguen la línea marcada por el comisario europeo de Energía, Günther Oettigner, para que la concesión de licencias se limite a los solicitantes que «demuestren su capacidad técnica y financiera de hacer frente a accidentes». Estos operadores deberán además demostrar su capacidad de compromiso para una gestión segura, según el documento respaldado por los ministros.
El texto, sin embargo, alerta de la importancia de «tener en cuenta el riesgo de descalificar a operadores que sean técnicamente competentes, aunque tengan capacidades financieras limitadas».
