Si se eliminan o modifican los contenidos, Internet perdería la "objetividad" y el primer perjudicado sería la sociedad de la información
Google ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional cualquier responsabilidad en los contenidos indexados y rechazó retirar información por entender que hacerlo supondría una «fórmula de censura».
Con estas palabras defendió Google su recurso contra cinco resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
Dichas resoluciones afectan a distintas publicaciones online, incluídos artículos de prensa o referencias a informaciones de boletines oficiales, algunas de los cuales pueden estar relacionadas con la seguridad de las personas, como en casos de maltrato en los que se pueda localizar a alguien a través de Internet.
Durante la vista, el letrado que representa a Google recordó que por ley no tienen ninguna responsabilidad de los contenidos en nuestro país, y aseguró que las demandas de estas personas «tienen que ir dirigidas a los editores que han publicado estos datos».
La compañía admite que podría retirar los datos pero supondría «vulnerar los derechos de información». «Pedir a los buscadores que se retire la información de forma arbitraria es algo muy peligroso porque los buscadores son una parte fundamental de la sociedad de la información y se estaría atacando a la libertad de expresión», dijo el abogado.
Como solución, Google considera que los editores deben utilizar las herramientas disponibles que impiden o limitan el acceso en la red a determinada información.
El Abogado del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y los de los particulares consideran que Google, debido a su importancia como buscador, «sí tiene responsabilidad». Durante la vista se recordó que la Agencia de Protección de datos acudió previamente a los editores responsables de la información donde pudieron comprobar que estaban «amparados para la publicación de esos datos». Consideraron, por ello, que el siguiente paso era recurrir al buscador.
El Abogado del Estado sacó a relucir varias sentencias de EE UU según las cuales se considera responsables a los buscadores. Igualmente rechazó que los tribunales españoles no sean competentes para dirimir en este asunto por tener Google la sede en California, ya que el gigante de Internet tiene parte de su equipo técnico en España.
Tras escuchar a las partes, el presidente de la sala, Diego Córdoba, preguntó a la Agencia de Protección de Datos si consideraría restablecido el derecho al honor de los demandantes con la retirada de los resultados en las búsquedas. A esta pregunta, el abogado de la Agencia de Protección de Datos, José Perales, alegó que dada la importancia de Google, la retirada de esa información ayudará «a que el impacto de esos datos sea menor».
Durante la vista, los abogados de los particulares y de la Agencia de Protección de datos también recordaron a Google los ingresos publicitarios que obtiene con la indexación de contenidos.
UN JUICIO PIONERO
El tribunal de la Audiencia Nacional encargado de dirimir el conflicto entre Google y la Agencia Española de Protección de Datos se enfrenta a un caso pionero en el mundo. Por eso ha despertado una expectativa inusitada. Los miembros del Tribunal bombardearon a preguntas a las dos partes en conflicto.
Querían saber la relación entre Google Spain y Google Inc. y si esta última podría ser demandada en España o su jurisdicción acaba justo antes de cruzar las fronteras de California.
Se interesaron también por el negocio del buscador y si la empresa podría sobrevivir si no albergara publicidad. Y preguntaron si técnicamente es posible borrar los contenidos indexados a una página de cualquier boletín oficial, sobre la base de qué criterios se efectúa una indexación, dónde se guardan las páginas indexadas, durante qué periodo de tiempo y cada cuánto pasan las arañas para refrescar los contenidos.
Ante la negativa de Google a actuar, según dijo, como censor, llegó la pregunta clave: cuando bloquea páginas en China, ¿eso no es censurar contenidos?
