Corren malos tiempos para el periódico tinerfeño El Día, más en concreto para su editor-director, José Rodríguez Ramírez, que se ha metido en un berenjenal de los que resulta muy complicado salir sin previamente haberse rasguñado. El Ejecutivo regional ya ha iniciado las acciones judiciales pertinentes para proceder contra el rotativo de la avenida Buenos Aires por acusar de tráfico de capitales en México al presidente canario, Paulino Rivero, basándose en las informaciones del portal Kanarileaks.
La licencia que se le denegó por parte del Gobierno de Canarias a Radio El Día motivó que desde los inicios de junio de 2011 se empezase a amenazar a Paulino Rivero revelar unos documentos sobre unos supuestos chanchullos que el presidente del Ejecutivo regional tendría en tierras mexicanas con su mujer, Ángela Mena, y una amiga del matrimonio. Este 19 de junio de 2011 Rodríguez Ramírez no se contuvo y abrió el rotativo, más el comentario editorial, a esta información que, evidentemente, no ha contrastado, sino que se fía de lo publicado en una web…desde hace justo un mes, el 20 de mayo de 2011.
Es decir, no descubre nada nuevo El Día, sólo se hace eco de una documentación que afecta al jefe del Ejecutivo, pero con la diferencia de que Kanarileaks se ha limitado a exponer unos hechos que pudieran ser o no ciertos (para ello piden la ayuda de sus ‘colaboradores) y el periódico tinerfeño, en cambio, sí utiliza ese caudal documental para verter la sombra de la sospecha sobre Rivero y su más directo entorno familiar.
En resumen, en la edición del 19 de junio de 2011 –Sin sentencia o sin aclarar el asunto de México, Paulino Rivero no debe ser presidente-, El Día comenta que:
A este periódico no le gusta propagar infundios o noticias sin fundamento; al contrario, siempre que es posible busca la comprobación de las mismas o, al menos, su contraste. Pero si no es posible comprobar por uno mismo la exactitud de esa información y, al mismo tiempo, puede ser de gran trascendencia pública y puede quedar oculta para el pueblo porque otros no se atreven a difundirla, creemos que es obligación de un medio como EL DÍA buscar alguna manera de que se sepan esos hechos de tanta trascendencia. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos con el documento colgado en internet por el portal canario de reciente creación Kanarileaks sobre la constitución en México, en 1997, de una sociedad donde aparecen como propietarios la esposa y una hermana del ahora presidente de Canarias, Paulino Rivero, además de una tercera mujer, por una enorme cantidad económica, claramente superior a las posibilidades que se deducen del estatus profesional de los reseñados.
Añade que:
Además, la inscripción de dicha empresa se realiza en la localidad de Puebla, que posee un régimen prácticamente equiparable al de un paraíso fiscal, y el representante de la misma, con poderes para realizar todo tipo de operaciones, es un ciudadano de Gibraltar, otro paraíso fiscal. Todas las gestiones realizadas por este periódico ante el Consulado General de España en México han obtenido como resultado la negativa de las autoridades a facilitar información, pero tampoco han negado la existencia de dicho documento. Según nos dice nuestro despacho de abogados encargado de la investigación en México, «algunos documentos se pueden registrar como públicos o privados», de ahí decimos el concepto de paraíso fiscal. Por otra parte, ya se ha publicado en un periódico un desmentido sobre la veracidad de esta noticia, pero este carecía de argumentos que desmontaran el supuesto montaje, provenían de personas que no se quisieron identificar y, en todo caso, que sepamos, a Kanarileaks nadie le ha puesto una querella por tener permanentemente colgada en su portal la noticia, que es de libre acceso.
Precisa la información que:
Ante tal cúmulo de indicios dignos de tener en cuenta y dada la proximidad de la presumible investidura de Paulino Rivero como presidente del próximo Gobierno de Canarias, EL DÍA considera que el Parlamento que se constituya este martes debe investigar estos hechos para no arriesgarse a iniciar una legislatura en falso, que se vea afectada por una intervención judicial sobre la máxima figura del próximo Ejecutivo, con las consecuencias que esto tendría para la adecuada gestión de los asuntos públicos en una Comunidad desesperadamente necesitada de medidas para resolver tantos problemas acuciantes como padece, el primero de ellos, el enorme índice de desempleo.
Y lanza directamente la acusación:
No ponemos la mano en el fuego por la exactitud del documento sobre la esposa y la hermana del presidente Rivero, pero los indicios son tan claros y el asunto, de ser cierto, podría ser tan grave, que no podemos callar en nuestras páginas lo que ya es vox pópuli.
PALO DEFINITIVO EN EL EDITORIAL
Y si no había bastante cera hacia Paulino Rivero, el editorial-pastoral del 19 de junio –Un documento vergonzoso a investigar– tampoco tiene desperdicio:
NUESTRA primera página reproduce la cubierta de la copia de un documento del Consulado General de España en México D. F. Un documento que tiene todos los visos de ser real y haber existido y tal vez de estar aún vigente. Se trata, como pueden ver los lectores de EL DÍA en las páginas de información que recogen este asunto, de un poder general otorgado el 22 de agosto de 1997 por doña Ángela Mena Muñoz (esposa de Paulino Rivero, presidente en funciones del Gobierno de Canarias y candidato a repetir en el cargo), doña María Candelaria Pérez Machado y doña María Caridad Rivero Baute (hermana del ya citado presidente en funciones), a favor de don Hildebrand Smith Carrasco. En el documento se informa de que poco antes se había constituido la compañía mercantil «Mountains’s River and Co. Limited», con un capital social de 350 millones de pesos mexicanos, de la que son titulares a partes iguales los comparecientes la señora Mena Múñoz, la señora Pérez Machado y la señorita Rivero Baute. ¿Qué hacen familiares directos de don Paulino Rivero (su esposa y una hermana) constituyendo sociedades en el extranjero con un elevado capital social?
ESTE documento, como señalábamos al principio, tiene todos los visos de haber sido real y de haber existido. En el caso de confirmarse este extremo, en el caso de que no haya existido falsificación o trampa, es indiscutible que Paulino Rivero no está capacitado ni moral ni políticamente para ser presidente del Gobierno de Canarias y mucho menos para volver a ser elegido para ese cargo
REACCIÓN GUBERNAMENTAL
Ante la magnitud de las acusaciones vertidas por El Día que, insistimos, no hace más que recopilar lo expuesto por el portal Kanarileaks, el presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, remitió un comunicado a los medios de comunicación en donde recuerda que su Ejecutivo defiende la libertad de expresión, pero también avisa de que ha emprendido las acciones necesarias contra el periódico El Día por falsedad documental o, mejor expresado, por parapetarse en la documentación colgada de una web de titularidad ignota y darle de esa manera carta de naturaleza.
El comunicado, de cinco puntos, es el siguiente:
1. Que el presidente siempre ha respetado, respeta y respetará la función de los medios de comunicación, la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz recogido en la Constitución Española.
2. Que la información publicada en el periódico El Día en su edición de 19 de junio de 2011 , acerca de la existencia de un supuesto poder notarial otorgado por su esposa y otras dos personas, es rotundamente falsa y se basa en la falsificación de un documento público que nunca ha existido, tal y como queda acreditado en la certificación expedida por el Consulado General de España en México.
3. Que nunca ha admitido, admite ni admitirá que se someta al Gobierno o a su Presidencia a chantaje o presión dirigidos a vulnerar la legalidad vigente en cualquier procedimiento administrativo que se sustancie por la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Que la falsificación de un documento público, utilizando sellos y emblemas del Gobierno de España, constituye un delito de especial gravedad, que exige la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado para la averiguación de las personas involucradas en la falsificación y difusión del documento.
5. Que, en consecuencia, ha dado instrucciones para que se emprendan cuantas acciones legales sean procedentes para la defensa de los intereses de la institución a la que representa y para que se requiera a la Fiscalía General del Estado la investigación de los hechos anteriormente citados.
