Autonomías en deuda.

MADRID, 29 (OTR/PRESS)

El problema de la deuda generada por las comunidades autónomas ha sido considerado «irresoluble» por algunos analistas. De momento no hubo solución consensuada en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera (coordinación financiera de la Administración central con las autonomías). Fue, eso sí, el chivato de un asunto de mayor cuantía. Me refiero a la necesidad de debatir sobre una posible revisión del Estado de las Autonomías. Nada más y nada menos.

El modelo se pensó en 1978 con parámetros políticos. Y en 2011 está resultando insostenible con parámetros económicos. Cuando el equilibrio fiscal (estabilidad presupuestaria) es el paradigma del trabajo bien hecho a ojos de los mercados y los organismos internacionales, no puede ser más negro el panorama en el conjunto de nuestras comunidades autónomas, cuyo nivel de endeudamiento ha pasado de 63.000 millones de euros en 2008 a 121.000 contabilizados a 30 de abril de 2011.

Negro panorama, por tanto, para la marca España, porque todos somos Estado. Es una de las dos causas más o menos abiertas de la desconfianza en la economía española (la otra es la valoración de activos inmobiliarios en manos de la Banca) y de nuestra prima de riesgo. Una deuda autonómica no siempre reconocida ni debidamente contabilizada (la ocultación de datos fue uno de los desencadenantes de la crisis griega).

De ese problema troncal se deriva otro de cercanías: los 24.000 millones de euros que las comunidades autónomas deben reintegrar a la caja común del Estado. Equivale a la pendiente liquidación del dinero público anticipado a cuenta por la Administración central en 2008 y 2009 en aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica.

Como la liquidación resulta a devolver, las comunidades gobernadas por el PP (once de las quince de régimen no foral) pidieron este miércoles al Gobierno un aplazamiento de la devolución a diez años para resolver sus problemas de liquidez. Y el Gobierno, que no anda sobrado de liquidez, se negó en redondo por boca de la vicepresidenta Salgado, aunque ofreció el recurso a líneas de crédito del ICO para salir del paso.

Mientras las comunidades se lo piensan se plantea un problema político, por estar en vísperas de unas elecciones generales. Si el Gobierno no concede el aplazamiento es porque quiere que los gobernantes autonómicos, como ha ocurrido con los centrales (Zapatero y cía) corran con la parte de desgaste político que genera recortar gastos en los servicios públicos. También a ellos les toca ir a la guerra contra el déficit público que nos exigen los mercados y los organismos internacionales.

Pero el trasfondo de este debate sigue dominado por la necesidad de revisar el modelo autonómico, al menos en términos de racionalización del gasto y la prestación no duplicada de servicios.

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