El columnista Juan Carlos Escudier versa en Público –La educación, según Aguirre– su defensa por el profesorado interino. En una situación de crisis económica por la que atraviesa España y donde hay que mirar con lupa cada céntimo que se gasta, al periodista del diario de Roures le parece muy mal que se quiera quitar el pan de la boca a esos profesores que, siendo justos en la calificación de los hechos, no llegaron al corte exigido. Precisamente, es el adelgazamiento de la administración pública una de las recetas para controlar el gasto desmedido, pero igual al articulista le gusta más las prácticas del socialismo en Andalucía, donde no hacen más que meter a funcionarios por la puerta de atrás.
Ironiza Escudier con el hecho de que:
Hace ahora un año, fruto de su pasión por el profesorado, Esperanza Aguirre impulsó una ley que confería a los docentes la consideración de autoridad pública y llenó las radios de cuñas publicitarias en las que podía escucharse lo siguiente: «Por mostrar a los alumnos el camino del esfuerzo y la superación, gracias. Apoyemos a nuestros profesores». Hoy, sin embargo, sostiene la tesis de que quienes inculcan a los jóvenes que han de ganarse el pan con el sudor de su frente curran menos que el ángel de la guarda y que, por lo tanto, exigirles que den 20 horas lectivas a la semana en lugar de las 18 actuales es un imperativo moral en tiempos de crisis.
Le parece una actitud negrera el incremento de dos horas de trabajo y desdeña, en cambio, el ahorro que supone tener que contratar a 3.500 interinos:
No es que los profesores estén abonados al destajo, pero es obvio que entre las clases, tutorías, claustros, horas de biblioteca, reuniones con los padres, actividades de apoyo y refuerzo y correcciones de exámenes completan sobradamente sus 37 horas semanales, que es en realidad su jornada. Lo que pretende la presidenta al aumentar sus horas lectivas no es que trabajen más sino ahorrarse la contratación de 3.500 interinos, o lo que es lo mismo privar a la educación pública madrileña de casi seis millones de horas de trabajo docente al año. Y, por lo visto, su ejemplo cunde.
E insiste en la teoría de que Aguirre quiere privatizar todo lo público:
El caso de Madrid es sangrante porque, al margen del marketing de Aguirre sobre los centros bilingües, el bachillerato de excelencia, la libertad de elección de colegio y la recuperación de las tarimas para elevar en altura a los profesores, que no en sueldo, se trata de la comunidad que menos dedica a educación en porcentaje de PIB y la penúltima en gasto por alumno. Como no podía ser de otra forma, el abandono en secundaría afecta a más del 26% y la tasa de escolarización en centros públicos está muy por debajo de la media nacional, lo que le permite a doña Esperanza proseguir con la más silenciosa de sus privatizaciones. Los principales afectados por este nuevo golpe a la educación pública no son los profesores sino los alumnos. «La siguiente legislatura va a ser la de Educación, Educación, Educación», decía Aguirre en enero. Ya sabemos a qué se refería.
