El PSOE ha registrado un paquete de enmiendas que proponen modificar varios apartados de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, entre las que se incluyen el pago de varias tasas a los operadores audiovisuales de ámbito estatal para financiar el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
Así, el ‘Plan Rubalcaba’ incluye cosas como: un CAC a nivel nacional y otro por cada comunidad autónoma, guías de uso de lenguaje en los medios, desaparición de canales de TDT o imposición del subtitulado en la televisión. —Rubalcaba y los medios: CAC nacional y autonómicos, menos TDT e intromisión en el lenguaje—
Durante los últimos cuatro años se han aplicado cinco expedientes a cadenas de televisión. A Telecinco, por un programa de ‘Sálvame’ en el que enseñaron aparatos sexuales —‘Sálvame’ se mete en un lío por las clases de sexo de Karmele Marchante–; a laSexta, por la emisión en ‘SLQH’ del fragmento de una película porno el que se enseñó una felación —Dinio graba porno con Carmen de Mairena en el papel de Marujita–; y a Cuatro, por el numerito de Manolo Lama con un mendigo, que fue interpretado como una burla –La bromita del mendigo le sale gratis a Manolo Lama y la Cuatro—
Pero los dos expedientes que más repercusión mediática tuvieron fueron los aplicados a la cadena Intereconomía TV. El primero por la andanada verbal del tertuliano Enrique García Serrano contra la Consejera de Salud de la Generalitat Marina Geli por recomendar el sexo oral —«Es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados»— y el segundo por emitir un anuncio de autopromoción considerado «de carácter homófobo» contra el Orgullo Gay —El Gobierno ZP multa con 100.000 euros a Intereconomía–. Finalmente, solo en el caso del anuncio contra el Orgullo Gay hubo sanción de Industria, revocada por la Audiencia Nacional en junio de 2011.
El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales sería el órgano encargado de establecer las sanciones y sus miembros serían nombrados por Gobierno a propuesta del Parlamento. Un órgano similar al Consejo de Administración de RTVE en el que sus miembros tendrían poder para expedientar, sancionar, multar y retirar licencias de TV.
¿Qué pasaría si el Partido Popular tuviera mayoría absoluta en el Parlamento y por lo tanto mayoría en el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (si es que Rajoy decide crear un órgano de este tipo, algo improbable) a través del cual podría sancionar a los medios que a criterio del PP se pasaran de la raya en sus contenidos?
También podemos pensar que los hipotéticos futuros consejeros asegurarán actuar por criterios estrictamente profesionales y no políticos. Pero, ¿no sería eso lo mismo que nos habría dicho el ex director general de Prensa (1962) Manuel Jiménez Quilez o el mandamás de la prensa franquista Juan Aparicio en los tiempos de la dictadura?
