El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el anteproyecto de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual que permitirá a las comunidades autónomas «decidir la forma de gestión de los canales públicos de televisión», incluido «fórmulas de gestión indirectas», según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, con lo que se abre la puerta a la gestión privada. Madrid y Castilla-La Mancha habían pedido una mayor libertad para gestionar sus televisiones, según fuentes gubernamentales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha recordado que uno de los compromisos electorales» del PP era «ampliar la posibilidad de las comunidades autónomas de elegir «libremente» la forma de gestión de los canales públicos de televisión y ha subrayado que no se trata de imponer ningún modelo a las comunidades.
«El Estado no establece por ley ninguna obligación, no se trata de constreñir el marco de la gestión, sino de ampliar la posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus estatutos y dentro de sus competencias para decidir libremente cómo gestionan este servicio público, si directamente o con fórmulas de gestión indirectas», ha indicado.
Asimismo, ha subrayado que el anteproyecto «busca ayudar a los distintos administraciones a elegir los modos de gestión de este servicio público que sean más eficaces y más eficientes» y procurar el cumplimiento de los límites de déficit público «buscando esa eficacia, esa eficiencia, pero también la viabilidad de esas televisiones autonómicas».
Sáenz de Santamaría ha indicado que la reforma de la Ley Audiovisual ha sido presentada «con carácter más urgente» porque se trataba de un compromiso electoral del PP, pero también porque es una medida «urgente y necesaria» para garantizar la «viabilidad» del servicio de televisión público autonómico y «abrir a las comunidades autónomas otros mecanismos de gestión que coadyuven a la mejora de sus cuentas públicas».
No obstante, la vicepresidenta ha señalado que se trata de una «reforma puntual» que puede venir seguida a lo largo de la legislatura de «otras modificaciones en este ámbito» para cumplir con la adaptación de directivas europeas o la agenda digital europea.
GESTIÓN INDIRECTA
Sobre la posibilidad de que empresas privadas gestionen las cadenas públicas, ha subrayado que la Ley de Contratos del Sector Público del Estado ya establece distintas fórmulas para la gestión indirecta de los servicios públicos. En cualquier caso, ha asegurado que, independientemente del modelo de gestión que cada comunidad autónoma elija para su televisión, siempre quedará «salvaguardado el cumplimiento de las obligaciones servicio público y el correspondiente equilibrio financiero y presupuestario».
Además, la vicepresidenta ha recordado que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ya advirtió en su informe al anteproyecto de la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, que había «un ausencia legal a la hora de abordar la posible gestión con distintas fórmulas de los canales públicos de televisión autonómica» y una «necesidad» de que la ley clarificara la posibilidad de utilización de mecanismos o modos de gestión indirectos.
Las dos comunidades autónomas que habían pedido «más libertad» para la gestión de sus televisión autonómicas públicas han sido Castilla-La Mancha y Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular, según han señalado fuentes gubernamentales.
Tras su estudio en el Consejo de Ministros, el anteproyecto será enviado ahora a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para que realicen los informes preceptivos sobre la futura norma.
GASTO DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS
Actualmente, la Ley de Comunicación Audiovisual establece que «corresponde a las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos, las autoridades audiovisuales competentes y, en su caso, a los órganos de gobierno local, el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público».
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto –con la compensación de los ingresos publicitarios– para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
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