La ministra de Sanidad, Ana Mato, se comprometió en su primera intervención pública a seguir trabajando sobre lo que acordó Congreso de los Diputados en la pasada legislatura en relación a los anuncios de prostitución.
Todos los grupos parlamentarios consensuaron una proposición de ley de cara a modificar la Ley General de Publicidad de 1998 con el fin de reconocer ese tipo de anuncios como «publicidad ilícita», así como proteger a los menores frente a este tipo de publicidad de servicios sexuales. —El País, que prefiere vivir de anunciar prostitutas, critica que La Gaceta pase el cepillo—
Mientras tanto, cinco de los ocho periódicos nacionales continúan lucrándose con este negocio. El País, por ejemplo, obtiene en una edición diaria más de 3.600 euros de beneficios gracias a los 400 anuncios de relax, línea erótica o masajes.
Al mes, recauda más de 112.000 euros por sus dos páginas de ofertas de prostitución. En la edición dominical, los ingresos crecen en un 30%. Según el departamento comercial, cada palabra que se publicita cuesta 1,44 euros en su edición diaria y 2 euros los domingos. Los recuadros destacados tienen un coste de 106,09 euros los días laborables y 126,25 en la edición de los domingos.
Sin embargo y a pesar de la crisis publicitaria que afecta al sector de la prensa, diarios como La Gaceta, Público, 20 Minutos y La Razón -que dejó de vender este tipo de anuncios en diciembre de 2009- prefieren renunciar a esta polémica fuente de ingresos. Por el contrario, cabeceras como El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia perciben entre dos y seis millones de euros al año con la venta de estos espacios publicitarios.
La modificación de la Ley General de Publicidad fue una de las opciones planteadas por el Consejo de Estado cuando en mayo de 2010 la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, requirió su asesoramiento sobre las fórmulas jurídicas más apropiadas para ejecutar la prohibición de los anuncios de contactos. El organismo consultivo avaló esta iniciativa en marzo de 2011 y recomendó la aprobación de una «ley prohibitiva de la actividad» para llevarla a cabo.
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