En una semana, la izquierda ha perdido el mango de la sartén televisiva que tenía asida, prologando una kafkiana situación tras la marcha del último presidente de la Corporación, Alberto Oliart, y la salida de los socialistas de La Moncloa. Por un lado, ayer, los tres vocales del PP y el de CiU recurrían al único arma que tenían para bloquear al Consejo, al retirarse del mismo dejando solos y sin quorum para adoptar resoluciones a los vocales de izquierda (elegidos por PSOE, IU, ERC y UGT). Y por otro, un Gobierno harto de la tomadura de pelo de una televisión que bate récords de sectarismo y que cuatro meses después de las elecciones sigue sin renovar su cúpula, aprobará, inminentemente, un decreto ley en virtud del cual los socialistas se quedan sin su arma de manipulación masiva favorita –A la izquierda le quedan dos telediarios-.
La marcha de los vocales populares del Consejo obedecía a un conflicto de calado en el que estaba en juego la libertad de expresión. La mayoría de izquierda pretendía vetar la emisión de las misas en la televisión pública, con el pretexto de la homilía supuestamente homófoba de monseñor Reig, el pasado Viernes Santo en La 2. Las palabras del prelado no suponen ninguna novedad respecto a los criterios de la Iglesia: que la conducta homosexual es un desorden moral (la conducta, no la condición homosexual). Una obviedad, desde la perspectiva católica, que podrían suscribir los 265 papas de Roma desde San Pedro a Benedicto XVI.
Pero el episodio constituía la excusa para que los consejeros de PSOE, IU, ERC, y UGT acusaran a la Iglesia de «abusar» de los espacios cedidos por la televisión pública. Lo cual es un intolerable ataque a la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución. La prueba de que era una burda excusa es que el caso Reig ni siquiera estaba en el orden del día. Y por esa razón, los vocales del PP decidieron irse privando al bloque de izquierda de margen de maniobra.
En cuanto al decreto que prepara el Gobierno acabará con el descontrol de la Corporación, y con el impasse del que se han beneficiado hasta ahora Rubalcaba y sus aliados de izquierda, al bloquear el nombramiento de presidente. Lo que pretende el Ejecutivo es modificar el sistema de elección del presidente del Consejo. En lugar de que sea necesarios como hasta ahora dos tercios del Congreso -lo que obliga a un acuerdo entre los dos grandes partidos-, bastará con la mayoría simple. Se pondrá así punto final al veto de Rubalcaba, que con sus negativas a alcanzar un acuerdo en RTVE ha alargado la agonía económica y el secuestro partidista de la cadena.
Ante la falta de acuerdo de PSOE y PP la Corporación ha caído en picado en audiencia -en favor de Telecinco- y en credibilidad. Y los informativos han seguido férreamente controlados por Fran Llorente y su camarilla, como se ha podido comprobar en el tratamiento descaradamente sectario de las elecciones andaluzas, de la huelga general o la omertá ante el EREgate de Griñán. Por otro lado, la presidencia rotatoria del Consejo de Administración recae este mes en Teresa Aranguren, de la facción más radical de Izquierda Unida. Que la televisión pública que pagamos todos los españoles esté secuestrada ideológicamente por una camarilla es inconcebible en una democracia de nuestro entorno. Aunque no lo es menos la desidia del partido en el Gobierno al no haber tomado mucho antes cartas en el asunto.
