De latrocinio y gesto de chulería debe calificarse el paso dado por Cristina Fernández de Kirchner al consumar la expropiación de YPF, filial argentina de Repsol. Latrocinio, porque implica despojar a la firma española de un bien a las pocas semanas del descubrimiento del mayor yacimiento de crudo y porque, como dijo el ministro de Exteriores, García-Margallo, es «un gesto de hostilidad a España» –Un acto de rapiña-.
Y de chulería, porque lo hace después de las advertencias de Margallo y tras el encuentro con Obama en la Cumbre de las Américas. Que Kirchner lo anunciara delante de un retrato de Evita Perón pone una nota populista muy significativa a este ataque a los intereses de España.
La expropiación de YPF deja en evidencia por lo demás la debilidad de una UE incapaz de defender los intereses de sus miembros, más allá de las declaraciones de condena retóricas («daña el clima de negocios», se limitó a expresar Bruselas). Pero también deja en evidencia a Repsol, que no ha logrado impedir que se consume el expolio. Su presidente, Antonio Brufau, sabía con quién se jugaba los cuartos en la inversión austral y estaba perfectamente al tanto del clima de inseguridad jurídica que reina en el cortijo de los Kirchner. Razón por la que debería dimitir.
El acto de rapiña es una huida hacia adelante de quien parece encarnar el más abyecto peronismo en todos sus rasgos: desde la personalidad de un icono sentimental, remedo de Evita o de María Estela, hasta el hecho de que la presidenta argentina sea una pantalla tras la que se ocultan, en este caso, los verdaderos cerebros de la operación: el influyente ministro de Economía, Amado Boudou, y Máximo, el hijo de Kirchner, más cerebral y maquiavélico que su manejable madre. La huida consiste en inventarse un enemigo exterior para desviar los graves problemas interiores -con la inflación y la caída de popularidad de la presidenta en primer término-, al modo del general Galtieri cuando se metió en el fregado de las Malvinas con la Gran Bretaña de la señora Thatcher, hace ahora 30 años. Manejada por la camarilla de la Cámpora, organización juvenil peronista, pretende liquidar lo que ellos llaman neocolonización -la presencia de empresas y bancos españoles, que desembarcaron en Argentina en los años noventa-.
Tal empeño resulta suicida para la economía del país austral, dado que la inseguridad jurídica ahuyentará a los inversores extranjeros. Pero a una clase endémicamente corrupta como el clan Kirchner ese peligro no le quita el sueño. De ahí que el Gobierno español deba extremar las medidas contra el expolio, que daña gravemente los intereses nacionales, singularmente por la fuerte dependencia de nuestra economía del suministro energético exterior. A priori no lo tiene fácil, porque la Unión Europea carece de medios legales para enfrentarse a Buenos Aires. Cabe la opción de invocar a Estados Unidos -y así lo dio a entender ayer el Ejecutivo- que es el segundo gran inversor en Argentina.
En cualquier caso, el Gobierno español estudia medidas coercitivas para que Argentina cumpla los convenios internacionales. Esperemos que la que se adopten sean suficientemente contundentes, como dieron a entender los ministros García-Margallo y Soria. Y quien sí tendría prestigio para hacer gestiones al más alto nivel sería el Rey Juan Carlos, dado que, tras la operación de cadera, retomará su actividad, entrevistándose con Rajoy el viernes. Eso es imprescindible.
