El que la hace la paga. Ese principio tan elemental en un Estado de derecho es el que debería regir a la hora de esclarecer las responsabilidades de quienes han conducido a la economía española al borde del abismo. Y no es quimérico exigirlas por la vía judicial o parlamentaria a quienes son culpables por mala gestión e incluso -si la justicia lo demuestra- por presunta corrupción. El caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), gobernador del Banco de España, es paradigmático. Obviamente no es el único responsable del explosivo cóctel de imprevisión e incompetencia que ha llevado al sistema financiero español a la UCI. Pero es la clave de bóveda de todo el sistema, como máxima autoridad monetaria, y nadie puede creerse que se hayan tomado tantos y tan graves errores sin contar con él –MAFO, el que la hace la paga-.
Fernández Ordóñez fue cómplice, al frente del banco emisor, de Zapatero y Salgado al decir que el sistema financiero español era el más saneado y sólido; fue quien dio el visto bueno a la fusión de Caja Madrid y Bancaja, dos colosos que amenazaban ruina corroídos por el virus del ladrillo; fue también la autoridad que no puso freno al riesgo de exposición del sistema financiero a la burbuja inmobiliaria. No se trata de acusaciones genéricas, sino de hechos muy concretos, tanto que ya ha merecido dos actuaciones judiciales. Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción le investigará por un presunto delito de prevaricación por omisión; por otro, un juzgado de Madrid incoa diligencias previas contra él (y los ex presidentes de Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato) por «imprudencia grave en el control y supervisión» de entidades financieras con graves daños a terceros y al erario público. El gobernador del Banco de España podría haber incurrido en presuntos delitos de falsedad de balances y documentos mercantiles.
En una democracia existe también la responsabilidad política y para esclarecerla está el Parlamento -cuyo origen histórico era exigir cuentas a los reyes-. Si alguien debe una explicación sobre el terremoto financiero, con epicentro en Bankia, ese es MAFO. Por eso, no se entiende que el PP se oponga a la creación de una comisión de investigación, alegando que la compleja situación económica de España no necesita «confrontación política». Ese exceso de cautela del PP es contraproducente, ya que abona las sospechas de que también este tiene algo que ocultar o de que teme que MAFO involucre a otros. Con el agravante de que alguien más adelante podrá tirar de la manta y destapar nuevas vergüenzas. Cabe preguntarse qué sabrá el gobernador cuando el Ejecutivo se opone a una comisión y el PSOE está dividido entre Rubalcaba que tampoco está por la labor y Chacón que se desmarca y exige luz y taquígrafos.
MAFO, en cualquier caso, habrá desaparecido del mapa, ya que anunció ayer que adelanta un mes la fecha del cese de su cargo, que estaba prevista para el 12 de julio. No hace falta que espere tanto: si tuviera un mínimo de decencia y vergüenza debería coger la puerta ya mismo. Pero si cree que con su marcha aleja la espada de Damocles de las responsabilidades que pesan sobre él, anda muy equivocado. Puede que en el Parlamento no se sustancien esas responsabilidades, pero el reloj judicial se ha puesto en marcha y la Fiscalía Anticorrupción y un Juzgado de Madrid van a investigarle.
