La cúpula del Poder Judicial, formada por el Tribunal Supremo, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ha caído a la altura del cubo de basura. Debería preocupar a los mandamases el desprestigio de otra serie de instituciones, que se une al de la Corona, lo partidos, el Congreso, las autonomías…
Victoria Prego se ha vuelto peleona, lo que me alegra. Un periodista que no es incómodo al poderoso es más bien una alfombra, como lo fueron Aizpeolea y Casado con Zapatero, lo es Marhuenda con Rajoy y lo son Antonio Burgos y Luis María Ansón con Javier Arenas. Prego exige a los vocales que tomen la medicina que dieron a Dívar:
«Pero exactamente lo mismo les es aplicable a los demás miembros del Consejo que, igual que su presidente, tampoco han tenido hasta ahora la obligación de justificar minuciosamente todos sus gastos. Y, dando por supuesto que, como Dívar, no han incurrido en responsabilidad penal, tienen que cumplir con lo que a él le han reclamado: un comportamiento ético inobjetable. Se lo deben a la opinión pública».
Varios columnistas no son tan educados como Prego y embisten a los magistrados del Constitucional como miuras. Carlos Herrera y Hermann Tertsch, en ABC, se centran en la culpabilidad de Zapatero. Primero, Herrera:
«Este Supremo del Supremo no disimula su complacencia por la hoja de ruta que diseñó el gobierno Zapatero y le otorga mas importancia a las apariencias que a los hechos, a los derechos de participación más que a los informes policiales. Tal sentencia a la medida de la solución política da pie a que, desde el bando proeterra, ya se esté elaborando el próximo paso del plan: liberar a los presos vascos de la banda y entronizar a Arnaldo Otegui».
Y ahora Tertsch:
«Sabíamos que los seis jueces del Tribunal Constitucional iban a terminar el encargo recibido por el anterior presidente del Gobierno. Y que al final, Rodríguez Zapatero iba a cumplir, con los terroristas y sólo con ellos, su palabra. Con los asesinos de españoles con los que fraguó un plan que llevaron juntos a cabo. En estrecha colaboración -vayan ustedes a saber cuántos faisanes-«.
Federico Jiménez Losantos concluye que el TC se ha cargado España:
«Ya no caben más fechorías, ya no hay más España que alancear. Con el Estatuto de Cataluña y la doble condena del Supremo por condenar a la ETA, el felipismo judicial, con adornos zetapoides y rubalcábicos, ha conquistado sus últimos objetivos judiciales. Se acabó lo que se daba. Todo se robó».
¿Con qué están indignados en La Vanguardia? Con la vulneración del derecho de los hablantes de una lengua a ser reconocidos por la Administración. ¿Se refieren a los catellano-hablantes en Cataluña? No, hombre, no: a los hablantes de catalán en Aragón.
Pilar Rahola la emprende con la consejera de Educación de Aragón, Dolores Serrat, a la que llama traidora a Cataluña. ¿Qué le parecería a doña Pilar que se la llamase traidora a España? Su columna, propia del Gara, se titula ‘La botiflera’.
«Se ha convertido en una Agustina de Aragón de pacotilla que lucha contra las fuerzas del mal nacionalistas.»
Antoni Puigverd, más zorro que Rahola, primero atiza a ‘lo castellano’ y después reconoce la parte de culpa del catalanismo:
«El catalanismo ha fallado mucho en su estrategia de vecindad con Aragón (agua, obras sacras y Juegos Olímpicos de invierno podrían haberse defendido en Catalunya de manera solidaria y mutual con Aragón). ¿Y qué decir de la identificación política de la lengua con el pancatalanismo? ¡Una fábrica de ganar enemigos! Pero estos errores, siendo importantes, no son la causa del problema, sino imperdonables muestras de falta de inteligencia vecinal».
Las páginas de opinión de El País son hoy absolutamente recomendables… salvo por la columna de Juanjo Millás en que arremete contra Rajoy por mentiroso. Y lo dice quien se derritió ante Zapatero.
PARA SER DEMÓCRATA HAY QUE SER…
Nicolás Redondo, que se opone al Gobierno de coalición que reclama el periódico desde hace unas semanas. ¡Y lo hace con argumentos democráticos! Se ha votado al PP y «esta opción es la que tiene la inmensa responsabilidad de pilotar la salida de la crisis».
Pedro Ibarra, funcionario del Estado español que cobra de los ciudadanos españoles concluye que los españoles no lo somos:
«Las autoridades españolas (…) serán demócratas, aplicarán principios democráticos, cuando permitan que la mayoría de los residentes en la comunidad autónoma de País Vasco se afirmen como nación y, en consecuencia, también afirmen que tienen plena capacidad para decidir lo que consideren conveniente sobre su autogobierno. (…) Hay democracia cuando no se impide que un sujeto individual o colectivo decida autónomamente sobre su autogobierno individual o colectivo. Y punto.»
¿Y quién dice quién es ese sujeto colectivo?, ¿y el sujeto individual puede decidir si paga impuestos o la pensión de Ibarra?
En El Mundo, John Muller explica lo que han hecho los super-auditores:
«No es posible, en un mes, realizar algo más que una recopilación de informes ya existentes. Estos documentos son un refrito de las inspecciones del Banco de España hechos contrarreloj, por la sencilla razón de que es materialmente imposible revisar todos los activos de la banca. Lo peor no es que se hayan echado dos nuevas horquillas numéricas a la mesa de apuestas de la ruleta financiera española, sino que se ha puesto en el punto de mira al grupo de entidades medianas que han quedado situadas en tierra de nadie».
