Queremos volver a expresar nuestra firme convicción de que una empresa como EL PAÍS se debe, como cualquier otra, a sus accionistas
Es una tribuna de opinión, pero va sin firma. Los directivos de El País la han titulado ‘A nuestros lectores‘. Son 2.078 medidas palabras publicadas a los pocos minutos de comunicar por email a 129 periodistas que están despedidos y que dicen ir destinadas a los lectores de El País, pero de manera unilateral: han censurado los comentarios de los propios lectores a los que citan hasta en siete ocasiones impidiéndoles realizar apostilla alguna.
Definen el texto como «una explicación debida a muchos lectores nuestros, que se han podido ver confundidos por las informaciones manipuladas, o no rigurosamente contrastadas, sobre el devenir actual del diario».
Y justifican la tardanza de la siguiente manera:
«La empresa ha mantenido silencio al respecto durante estas semanas, sin desmentir las falsedades propagadas por algunos ni hacer frente a los procesos de difamación contra determinadas personas, ha sido por respeto al proceso negociador, en el que de ninguna manera ha querido ni quiere involucrar a los lectores del diario».
TEXTO COMPLETO DE ‘A NUESTROS LECTORES’
Durante los últimos 30 días, los lectores de EL PAÍS, y la ciudadanía en general, se han visto sometidos a una tormenta de declaraciones, debates y opiniones de todo tipo respecto al presente y futuro de este periódico.
El motivo inmediato ha sido un conflicto laboral como consecuencia de la decisión de la empresa de presentar un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba al 30% de la plantilla.
El mismo fue incoado hace un mes y acabó el jueves pasado sin acuerdo con los representantes de los trabajadores y empleados, pese a que las condiciones inicialmente ofrecidas por la empresa prácticamente se habían duplicado durante las negociaciones, mejorando en mucho las posiciones de partida.
Como consecuencia de dicho desacuerdo y en aplicación de las leyes vigentes, la empresa ha decidido implementar de forma unilateral las medidas anunciadas sin las mejoras ofrecidas durante la negociación, aunque reduciendo el número de personas afectadas por los despidos de 149 a 129.
Las razones para tan drástico y doloroso ajuste de plantilla residen no solo en la profundísima crisis económica por la que atraviesa el mercado, sino también y sobre todo en el cambio radical que está experimentando el sector, como consecuencia de la implantación de las nuevas tecnologías.
En todo el mundo desarrollado las ventas de los diarios se desploman a velocidad impresionante mientras se hunden los ingresos por publicidad. En España, la difusión global ha descendido un 20% en los últimos cinco años y la publicidad en los diarios más de un 50%. En el caso de EL PAÍS, las mermas han sido del 22% y del 65% respectivamente.
El resultado es que en este año el periódico ingresará 200 millones de euros menos que en 2007, mientras el coste de la plantilla, y el número de personas empleadas, ha permanecido estable. Por primera vez en su historia, EL PAÍS ha anunciado pérdidas y las previsiones del sector para el año que viene siguen siendo más que preocupantes.
Diarios de referencia en todo el mundo, como The New York Times, Le Monde o The Guardian experimentan idénticas tendencias y han sufrido recortes salariales y de personal similares a los anunciados por EL PAÍS.
En el caso de Le Monde, la redacción, que era propietaria del periódico desde la fundación del mismo hace más de medio siglo, perdió la mayoría a partir de sus necesidades de recapitalización. Otras cabeceras centenarias, como el Christian Science Monitor, o míticas, como la revista Newsweek, han echado el cierre a sus ediciones en papel, y muchas otras empresas han desaparecido. En España perderán el empleo en este proceso más de 8.000 periodistas. En Estados Unidos ya lo han hecho cerca de 40.000.
La redacción de EL PAÍS llevó a cabo tres días de huelga como protesta por las medidas anunciadas, en defensa de sus intereses y en apoyo a su comité de empresa. Cerca del 80% de la plantilla la siguió. Pese a ello, el diario salió a la calle, aunque perjudicado en su calidad, y mantuvo en permanente actualización las versiones de la web, que obtuvieron un tráfico récord durante dichas fechas.
Lamentamos en todo caso que el servicio a nuestros lectores se haya visto perjudicado por las circunstancias señaladas. La redacción emprendió otras acciones como la retirada de firmas, en las que cesó tras recibir una advertencia quienes la llevaron a cabo de que su actitud podía considerarse como ruptura unilateral del contrato.
También repartió a quienes compraron el diario en algunos quioscos de Madrid, Barcelona y otras ciudades, el domingo día 28 de octubre, una carta explicando sus particulares puntos de vista, llevó a cabo una rueda de prensa y realizó algunas manifestaciones ante la sede del periódico y en la Puerta del Sol madrileña.
Numerosos periódicos y agencias extranjeras se hicieron cargo del conflicto, pero solo los corresponsales de algunos de ellos (The New York Times, Frankurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel y la BBC) recabaron la versión de la empresa o de la dirección del periódico, limitándose los demás a reproducir los argumentos del comité sindical, y poniendo de relieve que el descenso de la calidad y el rigor informativo no es una enfermedad exclusivamente española.
Una veintena de colaboradores del diario, entre ellos varios de gran renombre e influencia, se sumaron también a la protesta, con el especioso argumento de que había una amenaza de censura o de pérdida de independencia de la redacción; uno de dichos colaboradores decidió no enviar su artículo semanal y otro ha preferido retirarse del periódico de manera más permanente.
En su conjunto, la imagen de los hechos que algunos han querido propagar era que se trataba no solo de un conflicto laboral, en el que los afectados luchaban legítimamente por mejores condiciones económicas, sino que peligraba la independencia del periódico, cuya representación se arrogaban sin fundamento alguno, pues según ellos habría cambiado el control de la empresa, se habrían vaciado las arcas de esta en favor de fondos de inversión presentes en el holding propietario de la misma, los directivos del periódico y de PRISA se habrían repartido salarios estrepitosos a cambio de cumplir las instrucciones de la compañía, etcétera.
En su agresiva escalada verbal, la asamblea de la redacción aprobó una «reprobación» del presidente del diario, y su fundador como primer director, por haber «traicionado a la redacción», y también «exigió» (sic) la dimisión del director del mismo, promoviendo protestas ruidosas en el interior del propio periódico y repartiendo octavillas ofensivas para algunos de sus accionistas y consejeros. Todo el proceso se ha basado de continuo en una multiplicación de reuniones asamblearias, de las que se han celebrado seis desde el 8 de octubre en la sede de la propia redacción en Madrid y en las de las delegaciones.
La empresa ha explicado que si ha mantenido silencio al respecto durante estas semanas, sin desmentir las falsedades propagadas por algunos ni hacer frente a los procesos de difamación contra determinadas personas, ha sido por respeto al proceso negociador, en el que de ninguna manera ha querido ni quiere involucrar a los lectores del diario. Por lo demás, ha explicado hasta la saciedad que PRISA, accionista único de EL PAÍS, es una compañía cotizada en los mercados de Nueva York y Madrid.
En virtud de ello, sus consejeros y altos directivos están obligados a informar de sus remuneraciones, que son públicas y transparentes, accesibles en Internet para cualquiera que desee consultarlas. Ninguno de los directivos o consejeros del holdingcobra de Ediciones EL PAÍS, y la compañía no ha experimentado ningún cambio de control tras la entrada de inversores internacionales en diciembre de 2010, pues de haber sido así dichos inversores se habrían visto obligados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a lanzar una opa.
Un portavoz de la empresa ha recordado igualmente que el precio a que suscribieron las acciones dichos inversores internacionales fue de dos euros, el mismo al que se entregaron acciones a su presidente, como reconocimiento a sus esfuerzos en la recapitalización de la compañía, aunque en ese momento ya cotizaran a solo 70 céntimos.
En junio del año pasado, nuevos inversores entraron en la compañía a un euro por acción, pese a estar entonces la cotización a 40 céntimos. Y también los tenedores de acciones convertibles aprobaron cobrar su dividendo preferente en acciones en vez de dinero y valorarlas al mismo precio de un euro. PRISA lleva más de cuatro años sin repartir dividendos ordinarios. En resumidas cuentas, las minusvalías registradas por los accionistas han sido muy cuantiosas, sin que ello haya afectado hasta el momento a la capacidad adquisitiva de los trabajadores de EL PAÍS.
Pero lo que a nuestro juicio resulta más preocupante es la actitud de quienes, desde dentro y fuera, movidos antes por la pasión que por la reflexión, cuando no por intereses nunca declarados, han pretendido mezclar lo que era y es un conflicto exclusivamente laboral con análisis que afectan a la credibilidad e independencia del diario.
EL PAÍS es uno de los pocos, si no el único, de los periódicos de referencia en el mundo que cuenta con una sólida batería de resortes y métodos de actuación tendentes a garantizar dicha independencia y a evitar manipulaciones interesadas por parte de nadie.
Desde prácticamente su fundación existe un Estatuto de la Redacción, aprobado por esta, por la dirección del periódico y por la Junta General de Accionistas, que establece garantías específicas para el ejercicio de la independencia profesional por parte de los redactores.
Es el único diario español, y uno de los pocos en el mundo, en el que existe un voto consultivo de la redacción para el nombramiento de director y puestos directivos. El único en el que el director tiene derecho de veto sobre todos los originales, incluidos los de publicidad, y el poder y la capacidad de organizar autónomamente los trabajos de la redacción.
El único que cuenta con un Defensor del Lector que cada semana hace públicos los resultados de sus investigaciones y que no puede ser removido en el cargo, durante su permanencia en el mismo, ni siquiera por el propio director, responsable de su nombramiento.
El único en cuyo Consejo de Administración son mayoría los periodistas profesionales, entre ellos todos los antiguos directores de EL PAÍS y dos periodistas extranjeros de reconocida solvencia mundial.
Por último, desde la salida a Bolsa de PRISA, la Fundación Santillana, cuyo patronato está integrado por los fundadores y exdirectores de EL PAÍS, es poseedora de una acción de oro del diario, que supone el derecho de veto tanto sobre el nombramiento de un nuevo director como sobre el uso de la cabecera. Podemos asegurar que no existe diario en español, y probablemente tampoco en ninguna otra lengua, que cuente con semejantes sistemas de prevención a la hora de garantizar su independencia editorial. Esta, por lo demás, se ha basado siempre en la rentabilidad del propio periódico y su capacidad de autofinanciación; pero en el presente ejercicio ha entrado en pérdidas, situación que la empresa ha querido atajar de inmediato.
Todas estas medidas de fortalecimiento de la independencia, tendentes a garantizar la solvencia moral del diario, se implementaron en su día por influencia y decisión del primer director y de los fundadores del mismo, no por demandas que provinieran de la propia redacción, aunque obviamente se pactaron con sus representantes.
Los creadores de EL PAÍS quisieron desde el primer día que el periódico fuera capaz de resistir las inevitables presiones de todo género que un medio como este concita, y entregaron al responsable profesional y legal de la línea editorial, que es el director, los poderes suficientes para ello. Eso permitió, entre otras cosas, que el diario saliera a la calle en defensa de la democracia en ocasión del golpe de Estado de 1981 y que su línea laica, progresista y de modernización se haya apartado en ocasiones de los intereses privados o la ideología personal de importantes accionistas y consejeros suyos.
Pero las presiones no vienen solo de los poderes tradicionales. A veces son fruto de la demagogia populista, las tendencias libertarias de muchos de quienes ocupan las redes sociales, la insidia que mana del fracaso de algunos competidores, o la envidia y los celos de determinados profesionales que sobrevaloran su propia capacidad e influencia en el universo de las letras y el periodismo.
Frente a todos ellos queremos volver a expresar nuestra firme convicción de que una empresa como EL PAÍS se debe, como cualquier otra, a sus accionistas, y en nuestro caso ellos saben que su propiedad no incluye el derecho de información de los ciudadanos.
Tampoco pertenece este a los redactores del diario, sino a sus lectores, ante los que personalmente responden de su recta administración los gestores de la empresa, sus periodistas y, en primer lugar y con mayor responsabilidad entre todos, su director. EL PAÍS ha sido por lo mismo, desde sus comienzos, una obra colectiva con liderazgos y orientaciones bien definidos. Así va a seguir siéndolo, pese a la dureza y dificultad de los tiempos que corren.
Creíamos que esta era una explicación debida a muchos lectores nuestros, que se han podido ver confundidos por las informaciones manipuladas, o no rigurosamente contrastadas, sobre el devenir actual del diario. Y estamos seguros de que el colectivo profesional, que durante más de tres décadas ha sido capaz de levantar y mantener un diario tan ejemplar como el nuestro, será capaz de hacer frente a los nuevos retos profesionales, por difíciles que resulten.
