El problema de ir por la vida de diario de referencia aunque se viva de rentas y se deba hasta la manera de andar es que, cuando se mete la pata hasta el corvejón, se ve más -LEA EL TRASGO EN LA GACETA-.
Este jueves El País quiso salir con el exclusivón, una foto de Hugo Chávez entubado bajo el titular “El secreto de la enfermedad de Chávez” (amarillo limón, si me preguntan). Y la cosa hubiera quedado en mero mal gusto (no es un secreto que el gorila rojo está en las últimas) si no fuera por un pequeño detalle: aquel tipo de la foto no era el presidente venezolano ni la imagen era reciente, sino que cualquiera puede capturarla de un vídeo de YouTube rodado hace cuatro años con el título “Paciente acromegálico de 48 años que se intenta intubar hace 2 años” y protagonizada por un paciente mexicano.
El País, no hay que decirlo, ha pedido perdón. Y dice haber abierto “una investigación para determinar las circunstancias de lo sucedido y los errores que se hayan podido cometer en la verificación de la fotografía”.
Oh, no es para hacer sangre: el mejor escribano echa un borrón. Pero con el pisto que se da el buque insignia de Prisa, la arrogancia de sus mandarines y lo relativamente fácil que era comprobar la fuente, la verdad, se han ganado a pulso el pitorreo desatado a su costa en las redes sociales. Y ahora, cambiemos de tema.
DE CÓDIGO PENAL
Nuevo mantra de la prensa adicta: el recurso a los “efectos jurídicos”. O sea que lo de Cataluña no va a ningún lado porque “no tiene efectos jurídicos”.
Haga usted memoria y enumere a cuántos periodistas, mayormente del área gubernamental, les ha oído emplear el argumento.
Que es, claro, el mismo argumento del Gobierno para no mover un dedo. Vayamos a las pruebas. “Al margen de la ley”, abría ayer su portada La Razón con foto de los separatistas catalanes. Y editorializaba en consonancia: esta declaración “resulta tan estéril e inoperante como todas las anteriores porque ni se ajusta a la legalidad ni es compatible con la Constitución”.
Bien. ¿Se ha parado a pensar Gaoping Marhuenda, todo a un euro, que a los promotores de la movida separatista les importan un bledo la legalidad y la Constitución? En esto, mire usted por dónde La Razón coincide con El País, y ya es llamativa la connivencia: “La declaración de soberanía –proclama el diario de Liberty– no tiene ningún efecto jurídico ni consecuencias concretas en términos de relaciones institucionales, pero sí consecuencias políticas negativas, tanto para Cataluña como para España: prefigura un escenario de confrontación que distrae fuerzas y energías de lo que debería ser la prioridad política, que es salir de la recesión”.
Parece que el texto lo haya escrito Mariano Rajoy en persona: lo importante es la economía. Y la nación española, esa cosa de fachas, bah: no pasa nada porque no hay “efectos jurídicos”.
Por cierto que el editorial de El País merece más atención porque es una elocuente muestra del caco mental típico del socialista español. Lea usted y pásmese: “En una democracia, nada debe ser negado a priori; tampoco la posibilidad de una consulta al pueblo catalán sobre la relación con España, previamente pactada y siempre dentro de la legalidad, lo cual va en la dirección opuesta a lo ocurrido ayer”. Bien. ¿Realmente cabe un referéndum de autodeterminación “dentro de la legalidad”? ¿Realmente cabe que un Gobierno de España pacte con un Gobierno regional semejante cosa? (No conteste ahora; hágalo después de la publicidad).
¿Realmente en una democracia “nada debe ser negado a priori”? ¿Quién ha escrito este editorial de El País? ¿Soraya? ¿Moragas? ¿Belén Esteban?
RESPUESTAS
Veamos, muchachos: ¿Qué efectos jurídicos tuvo la toma de la Bastilla? Ninguno, evidentemente.
Sencillamente, creó una situación en la que el derecho ya no valía nada. Es que las revoluciones, las revueltas, las turbulencias o como se las quiera llamar, no tienen nunca efectos jurídicos ni lo pretenden. Les basta con suspender el Derecho vigente para crear su Derecho propio. Y lo que se está haciendo desde el Gobierno catalán es precisamente eso.
Algo más en serio se toma el asunto ABC. El veterano retoma en portada el argumento de la legalidad: “Ilegal, inconstitucional y absurda”, declara. Pero cierra su editorial con una apelación a la responsabilidad política del Ejecutivo, que es algo que casi todos los demás periódicos parecen haber olvidado: “El Gobierno de Mariano Rajoy está emplazado a dar respuesta (…) Esas respuestas pueden ser políticas, legales, judiciales y constitucionales. El Gobierno central tiene donde elegir, pero su responsabilidad impone el deber de responder”.
Menos mal que alguien dice eso además de LA GACETA. Lo mismo dice El Mundo retomando los argumentos que aquí hemos largamente expuesto: el artículo 161.2 de la Constitución. Porque mientras toda la casta periodística española, en el fondo tan modosita ella, bizantineaba sobre los “efectos jurídicos”, nuestro periódico era el primero en aclarar que el problema no es jurídico, sino político.
Y el pasado fin de semana Mario Conde exponía en una doble cómo el Gobierno, pese a todo, podía actuar… si quería. Lo que pasa es que no quiere.
