La táctica de la izquierda para decidir un debate es fingir que no existe, es decir, situar directamente a quien quiere abrirlo, cuestionando la ortodoxia reinante, al este del Edén progresista, donde es el llanto y el crujir de dientes -LEA EL TRASGO EN LA GACETA-.
Por eso, también, hay que esperar que las dudas se expresen en un medio sancionado por los mandarines, algo decente, como El País.
LA BENDICIÓN
Es lo que ha sucedido con el vidrioso asunto de las denuncias falsas amparadas en la ley de violencia de género, ideológica desde el nombre, que Toni Cantó, diputado de UPyD, cuestionó, mal aconsejado, y ha recibido la lapidación retórica de cuantos son alguien en la vida pública, PP incluido.
Pero ahora, ah, El País ha publicado una tribuna de María Sanahuja, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas, “Las denuncias falsas”, abriendo un tímido espacio para negar que el monte entero sea orégano.
Loada sea Prisa. “Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado”, sostiene Sanahuja. “Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas”.
Vaya, vaya, quién lo habría pensado… Lo tengo dicho, y a menudo, pero se ve que hay que repetirlo: los incentivos funcionan. Siempre. Y es, precisamente, la gran ceguera de la izquierda. Si una ley genera incentivos, la gente responderá en consecuencia. Si, en un amargo proceso de divorcio –¿y cuántos no lo son?–, denunciar por maltrato aporta ventajas inmediatas, no exige pruebas y no supone riesgo, ¿por qué no hacerlo? ¿Porque los españoles y, sobre todo, las españolas somos justos y benéficos, como nos exigía la Constitución de Cádiz? Pues ahorrémonos el Código Penal, caramba.
¿A qué ha dado lugar la bendita ley, en opinión de Sanahuja, poco sospechosa de machismo?
A “jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto con delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que “ellos también tenían familias”; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades”.
Llegado a este punto, uno tiene que preguntarse: ¿qué motiva a los y las furiosos defensores de esta ley? Si la respuesta es que quieren ver erradicada la nefasta lacra de la violencia doméstica, entonces no entiendo nada, porque la estadística indica que la ley no ha mejorado ni empeorado el panorama en este sentido.
¿No es ya eso razón más que suficiente para que denuncien la ley? Sería, pero no parece que la violencia doméstica les quite tanto el sueño como la ideología de género, pura y dura. Solo desde esta perspectiva se explica que en el mismo El País se publique esto (“Cantó, el hombre desigual”): “Finalmente, decidido a hacer historia, se ha lanzado a la portavocía de las minoritarias pero ruidosas asociaciones machistas que claman, con datos falsos y tramposos discursos, contra las leyes de igualdad”.
Yo no sé si a los muertos y a los maltratados les importa tanto la ideología. Y me parece intelectualmente paupérrimo dar por sentado que oponerse a la ley –una ley, recordémoslo, ineficaz– te convierte automáticamente en machista. Cualquiera diría que un feminista no puede, se ponga como se ponga, maltratar a nadie.
