Losantos: Este es un acuerdo de la casta política con la ETA para que no los maten. Zapatero y Mariano tan ricamente
Aunque esperado, el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la doctrina Parot cayó ayer como otra herida más sobre las castigadas almas de las víctimas del terrorismo. «Cuesta digerir que los etarras reciban el amparo del Tribunal de Derechos Humanos. Es un varapalo para las víctimas», resumió Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de las Víctimas del Terrorismo.
Las opiniones se dividen entre quienes culpan a Estrasburgo y Zapatero del escarnio de tumbar la Doctrina Parot y los que acusan a Mariano Rajoy de continuar con el plan de rendición de Zapatero. Esa es la tesis, por ejemplo de Federico Jiménez Losantos, en su editorial de su programa de este 22 de octubre de 2013 en esRadio: «Es un plan asumido por Rajoy y todo lo demás es teatro, para disimular le negociación con los etarras se soltará hasta a los asesinos de las niñas de Alcasser».
Este es un acuerdo de la casta política con la ETA para que no los maten. Zapatero y Mariano tan ricamente… ¿Que no saben lo que pactaron el PP y el PSOE?
Cumplimos las sentencias que nos viene bien. El que suelta a los etarras es Mariano Rajoy… Esto es una pamema para disimular la amnistía de etarras porque lo dice Estrasburgo, mentira.
Si Mariano se opusiera los etarras no saldrían pero, claro, ahí está Bolinaga. ‘Hay que cumplir la sentencia’, dice Rajoy. Pero la sentencia del TC sobre Cataluña no se cumple, se cumple lo que conviene.
La periodista periodista y en la actualidad redactora jefe del diario El Mundo, Ángeles Escrivá, hace un brillante análisis de de por qué los los gobiernos socialistas mantuvieron el Código Penal de 1973. «Uno, sin duda, es el concepto de una progresía mal entendida que también pesó como un lastre en los primeros años de Gobierno de Aznar. Otro, la convicción de que el Estado no podía derrotar a ETA. Como ese objetivo se antojaba imposible y parecíamos estar condenados a vivir en un empate infinito, se pensó que la única salida era negociar. Y si se negociaba con ETA, era necesario tener unas leyes poco estrictas para poder aplicar una política penitenciaria flexible»
Una herencia que, en algunas ocasiones, el Gobierno de Rajoy asumió sin demasiado disgusto -de ahí, la bienvenida al cese definitivo «sin coste político»-. Y otras que le pillaron sin estrategia (y con un aliado de Zapatero en el tribunal y en otros lugares), como es el caso. Los etarras lo venderán como un triunfo, pero lo cierto es que han tenido que cumplir la ley para salir y eso jamás lo quisieron. Ahora aspiran al acercamiento y a la salida escalonada que les prometió el Gobierno de Zapatero y piensan que la derogación de la doctrina puede ayudarles, por lo menos con una inyección de euforia.
Esa batalla, la del relato y la deslegitimación del terrorismo, el Gobierno la va perdiendo. Y las víctimas se lo recordaron ayer
También en El Mundo, Ana Velasco Vidal-Abarca, hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA, y de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la AVT, señala al Gobierno de Rajoy:
Al final ha caído la doctrina Parot. Era de esperar. ETA y sus secuaces están de enhorabuena. Otra de sus exigencias para dejar de matar se ha visto satisfecha. No ha sido difícil, sólo había que aprovechar los resquicios legales que el Estado no fue capaz de subsanar. La dejación y abandono durante años cruciales, el inexplicable retraso en la modificación del Código Penal de 1973, la pasividad ante la primera demanda presentada en Estrasburgo por ETA, la falta de anticipación ante lo previsible nos han conducido a esta situación.
Como en tantas otras ocasiones, se ha reaccionado tarde y mal. Mientras ETA asesinaba salvajemente tras verse beneficiada por la amnistía de 1977, el Poder Legislativo no consideró prioritaria hasta 1995 la modificación del Código Penal para adecuar las penas a la gravedad de los delitos y toleró que los terroristas cumplieran un máximo de 18 años de condena efectiva, aunque hubiesen sido sentenciados a miles de años. Al margen de la aberración que supone que un organismo internacional ampare judicialmente a una asesina en serie para que cumpla menos de un año por cada uno de sus crímenes, España ha actuado de forma sobrevenida, a rebufo de las iniciativas del entorno de los terroristas, sin previsión, sin anticipación, sin rigor. Y éstas son las consecuencias.
Y en la misma sintonía que Losantos se pregunta: «¿realmente tiene la culpa Europa o es Europa la coartada?»
En ABC, la indignación y el asco se cuela entre las firmas, pero sin culpar al Gobierno. Jaime González arremete contra la correción política de una casta que ha dejado abandonada una vez a las víctimas:
Cómo explicarles que todo tiene su origen en la falta de coraje para mandar al infierno tanta corrección política, tanta mesura y templaza, tanto cogérsela con papel de fumar, tanta ideología vana, tanta hipocresía, tanta miseria ante la sangre del otro, tanto cínico, tanto ñoño, tanto bobo, tantos y tantos aprendices de brujo que creyeron que la democracia más hermosa es la que viene envuelta en terciopelo o celofán. ¿Y ahora qué? ¿Vais a explicarles vosotros a los familiares de los veinticuatro asesinados por la etarra Inés del Río; a los padres de las niñas de Alcácer; a quienes han sufrido violaciones atroces, que la doctrina Parot no fue otra cosa que un parche, un atajo, una chapuza para tratar de cubrir el vacío legal de un Código Penal de plastilina? A los magistrados del Tribunal de Estrasburgo podrá reprochárseles falta de sensibilidad y altura de miras, pero siempre podrán defenderse con un argumento imbatible: ¿Por qué no cambiasteis a tiempo las leyes e incorporasteis a vuestro Código Penal la cadena perpetua revisable?
En su editorial ABC lamenta los errores históricos «que siempre pasan factura, antes o después»:
En tres ocasiones se negó el PSOE a suprimir los beneficios penitenciarios e implantar el cumplimiento íntegro de las condenas. Lo planteó en el Congreso Alianza Popular en 1986 y 1987; y el Partido Popular, en 1991. Iniciativas que recibieron sistemáticamente el voto en contra de los socialistas. Si se hubiera hecho lo correcto entonces, las víctimas no tendrían que soportar hoy las risas que se han dibujado en los rostros de los proetarras. En 2003, cuando el PP tuvo mayoría absoluta, se puso fin a esta burla, pero sin posible aplicación retroactiva. En 2006, el Tribunal Supremo alumbró la justa, equitativa y eficaz doctrina Parot.
Hermann Tertsch es el único que tibiamente se atreve a señalar al Gobierno de Rajoy:
Ahora se suma la terrible sospecha de que este Gobierno ha asumido el peor legado de Zapatero como propio. Que se han convertido en émulos en lo peor. Cuánto desearían las víctimas, que ayer volvieron a ver morir a los suyos, pero también muchos millones de españoles, que esto se desmintiera.
