Permítanos el lector arrancar este afilando columnas elogiando el excelente trabajo de tres miembros del equipo de Periodista Digital en la noche del 4 de diciembre de 2013. Luis Balcarce (@lbalcarce), Roberto Marbán (@robermarban) y Juan Velarde (@JuanVelarde1972) se desplazaron a las puertas de Intereconomía para ser testigos directos del feísimo despido de Josep Pedrerol al franje de Punto Pelota. El resultado fue una gran entrevista con el veterano periodista deportivo —[VÍDEO-ENTREVISTA] Pedrerol, en exclusiva para PD: «Un día le dije a Ariza: seguramente salvarás Intereconomía, pero dejarás muchos cadaveres por el camino»— y una muy buena crónica de lo ocurrido —Un guardaespaldas de Ariza impidió a Pedrerol entrar a Intereconomía: «Esto es propiedad privada, no puede pasar»–.
Una vez que hemos dejado constancia del elogio que se merecen nuestros compañeros, entramos en la materia que corresponde al ‘afilador de columnas’, que no es otra que la de los espacios de opinión del papel. En esta ocasión los del 5 de diciembre. Tras hacer sonar nuestra armónica, nos ponemos manos a la obra.
Arrancamos una vez más en Barcelona. Ferran Monegal escribe en el auto proclamado ‘diario de la Catalunya real’ sobre la actitud de las televisiones ante el excarcelado asesino de las niñas de Alcàsser. Su columna en El Periódico se titula Ahora van con pies de plomo.
Ferran Monegal.
El planteamiento, la estrategia televisiva, sobre Miguel Ricart ha dado un giro de 180 grados. El cambio ha sido portentoso. Hace apenas cinco días veíamos una nube de reporteros, y una selva de cámaras, persiguiéndole para pillar alguna declaración del excarcelado. Hoy, los dos grandes imperios que se reparten el pastel televisivo (Atresmedia y Mediaset) guardan al respecto un prudente silencio.
Añade:
Los dos programas de las reinas de las ‘matinées’ (‘Espejo público’ y ‘Ana Rosa’) están desconocidos al respecto: cuidan ahora en extremo el tema Ricart. No lo menean ni sacuden, no hacen las maniobras de espectacularización truculenta que practican habitualmente. En los programas del late show, el de Jordi González (‘Se enciende la noche’, T-5), y el ‘especial’ de Nacho Abad (A-3 TV), vimos cómo en la madrugada de ayer soslayaban, evitaban, explayarse en la situación de Ricart. No le hicieron prácticamente ningún seguimiento. Jordi realizó un programa enfocando el objetivo hacia otros excarcelados.
Concluye:
Es significativa la advertencia de A-3 TV la madrugada de ayer: «Ante una calumniosa campaña en las redes y Whatsapp, esta cadena quiere aclarar que nunca emitirá ninguna entrevista con Miguel Ricart». Este mensaje concuerda con el del otro día de Ana Rosa: «Ni se le ha pagado, ni se le ha ofrecido, ni se le ha invitado. Nada de nada». ¡Ahh! Parece que ambos imperios, sobre el tema Ricart, han echado el freno. ¿Arrebato de virtud o miedo a un boicot?
Al día siguiente de que El País nos ofreciera un excelente artículo de Nicolás Redondo Tercero, pareciera que los responsables del mismo periódico hubieran decidido que el nivel de calidad quedó muy alto que era necesario bajarlo a las bravas. Y para ello, nada mejor que hacer que firme un texto Alfredo Pérez Rubalcaba. Se titula En defensa de la Constitución, reforma. Estimado lector, si usted desea perder el tiempo pinchando en el enlace y leyendo el artículo del apparátchik que creyó que siendo secretario general se convertiría en un líder socialista, no se queje de lo que se va a encontrar. Este humilde lector de columnas ya le advierte que es un ladrillo tostón y vacuo. Por si acaso, destacamos alguna cosilla:
El Estado de las autonomías vive hoy dos tensiones contrapuestas, que no se anulan entre sí. Antes bien, se suman. Tensiones derivadas de sus ineficacias, que permiten a algunos rememorar las viejas estructuras centralistas; y otras, de signo opuesto, que reflejan problemas de convivencia entre algunas comunidades, singularmente Cataluña en estos momentos, y el resto de España, que están siendo aprovechadas para reclamar la independencia por quienes creen que sus aspiraciones nacionales no tienen cabida si no es en el marco de un Estado propio.
Los que defendemos la Constitución debemos salir al paso de ambas tensiones, para seguir viviendo juntos en una España cuya fortaleza reside, entre otras cosas, en reconocernos como somos: diversos. Por eso proponemos la evolución de nuestro Estado autonómico en una dirección federal.
El resto es pura paja.
En la contraportada del diario de PRISA, Jorge M. Reverte carga a partes iguales contra Rodríguez Zapatero y contra el concordado con El Vaticano. Su artículo se titula Decisiones. Dice del ahora supervisor de nubes y de la reforma constitucional que pactó en su momento con el PP (una reforma de hecho mínima y sin efecto alguno pero que molestó mucho a la zurda periodística por pretender, en teoría, poner coto al gasto público):
El acto fue atroz, significó uno de los peores desaires al Parlamento, a la democracia, al pueblo español. Y este personaje, que ganó unas elecciones democráticas y fue presidente con esa legitimidad, se atrevió a hurtarnos el debate, a considerarnos disminuidos psíquicos a los ciudadanos, y nos cuenta ahora que no había más remedio (…) Pero Zapatero se saltó la democracia, por mucho que nuestras leyes dejaran el hueco para que lo hiciera sin ir a la cárcel por ello.
En realidad, la reforma se hizo tal y como establece la propia Constitucional para un cambio de ese tipo. Para otros, el mecanismo sí que es mucho más complicado y requiere referéndum.
Concluye:
Estos días estamos sabiendo muchas cosas. También desde el entorno del expresidente nos dicen ahora que no se denunció el Concordato con la Iglesia católica porque eso habría provocado un conflicto. ¡Claro!
Pues yo quiero ese conflicto. La Constitución que mañana celebramos algunos dice que este es un Estado laico.
Se equivoca también en esto el columnista de El País. La Constitución no establece que España sea un Estado laico, sino aconfesional. Las diferencias entre uno y otro son muy amplias (dejemos claro que este humilde lector de columnas es un férreo defensor de la separación total entre Iglesia y Estado, lo que incluye no financiar a religión alguna con fondos públicos, pero no su proscripción del espacio público). El artículo 16.13 de la vigente Carta Magna establece:
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Esa es la diferencia entre un Estado aconfesional (que permite, por ejemplo, acuerdos para asegurar la atención religiosa a quienes cumplen penas de prisión) y uno laico, que podría llegar a prohibir que alguien luciera un crucifijo o una estrella de David sobre su pecho al caminar por la calle.
Y puestos a hablar de la Constitución, y su reforma, también de eso habla el antaño director de periódicos en El Mundo. Luis María Anson titula El secesionismo catalán, negocio de los políticos nacionalistas.
No anteponen la prosperidad del pueblo catalán a su interés personal. Lo que quieren es mandar más. Lo que quieren es forrarse el bolsillo. Lo que quieren es enchufar en puestos suculentos a sus parientes, a sus amiguetes y a sus paniaguados. Lo que quieren es el poder omnímodo. Esa es la verdad, la pura verdad. Estamos ante la tentación totalitaria del poder. A la clase política nacionalista, con las debidas excepciones, a veces admirables, no le interesa otra cosa que el negocio del poder. El secesionismo es solo una fórmula para mandar más y acumular más riqueza.
Añade:
La vía para desarticular a Oriol Junqueras y a su títere Arturo Mas es la reforma constitucional, cuyo proceso termina, de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución, en un referéndum.
Anson se convierte en un oráculo capaz de saber qué es lo que desean todos los cuidadanos:
La opinión pública exige que Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se pongan de acuerdo, conforme al pacto de Estado de la Transición, anunciando una política común frente a la voracidad secesionista de un sector de la clase política catalana.
Concluye:
Para contrarrestar la lenidad de Rajoy, su apatía y su indiferencia, se está gestando ya un partido antipartidos. El asunto tiene alcance extraordinario. Los partidos políticos se han convertido en el tercero de los grandes problemas que agobian a los españoles. La operación «partido antipartidos» podría enderezar las cosas, siempre que se produzca con mesura y dentro de la Constitución. Los partidos políticos son imprescindibles en una democracia plena. Hay que regenerarlos, no destruirlos. No olvidemos lo que ocurrió en el siglo XX, cuando la crítica a los partidos triunfó, degenerando en fascismo en Italia, nazismo en Alemania, estalinismo en Rusia, franquismo en España y salazarismo en Portugal.
Ni se plantea Anson una tercera opción. Que surjan nuevos partidos que no sean ‘antipartidos’ sino que conecten con la población. Parece que al final, algunos sólo buscan defender el ‘Status Quo’ con algún cambio cosmético menor. Y el antaño director de periódicos podría formar parte de ellos.
Por una ocasión, metemos una columna enconómica. Su autor es uno de los mejores periodistas de España en esa materia, Jonh Müller. Titula Inconsistencia tributaria:
El nivel de fraude tributario de un país obedece básicamente a la percepción que los contribuyentes tienen de si otros ciudadanos evaden impuestos o no.
Este año, el problema no es una amnistía fiscal, sino la oleada de dimisiones que se ha desencadenado en la Agencia Tributaria y que muestran la división que reina en un organismo que debería estar presidido por principios técnicos claros y unívocos. El organismo se encontraba ayer en estado de shock, porque, como recordaba un inspector de Hacienda, «hace muchos años que nadie se bajaba del coche oficial por una discrepancia técnica», en referencia a la dimisión de Luis Jones.
La dimisión de Jones sigue al relevo de varios cargos de libre designación que llevaban un millonario expediente contra la empresa Cemex. Pero el asunto también tiene relación con los errores cometidos por la Agencia en torno a las operaciones atribuidas a la Infanta Cristina y que le costaron el cargo a la ex directora de la Agencia Beatriz Viana.
Señala un par de casos más y concluye:
Todo esto hace que la credibilidad del organismo esté muy dañada y que no pueda pasar un día más sin que el ministro haga frente a sus responsabilidades.
El jefe de opinión de ABC, Jaime González, publica Ni Perry Mason:
Hasta hace dos años, los funcionarios del Registro del TC lidiaban como buenamente podían con su carga de trabajo. Su vida cambió radicalmente cuando apareció en escena Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y visitadora perenne de la sede de Doménico Scarlatti. La imagen de la diputada del PSOE frente al edificio del Tribunal Constitucional es tan recurrente que se parece mucho a la de esas turistas japonesas que miran sonriendo a la cámara delante de cualquier monumento o edificio con placa. A veces he pensado que Soraya Rodríguez duerme a la puerta del TC como las fans de Justin Bieber hacen noche a la entrada del concierto, y que cuando ve llegar a los magistrados se abalanza sobre ellos, presa de esa histeria incontenible que cursa entre alaridos y llantos.
Concluye:
A este paso, los empleados del Registro del TC piden un traslado en masa o un plus de peligrosidad. No lo tengo confirmado, pero me han dicho que han creado un retén de guardia para vigilar las inmediaciones del tribunal. Y que, cuando ven aparecer a Soraya, corren a encerrarse en el baño con la luz apagada.
Cerramos este ‘Afilando columnas’ con un artículo de Kiko Méndez-Monasterio en la contraportada de La Gaceta. Se titula La buena educación:
Confirmado el buen dato sobre el paro -que aquí llaman buena a cualquier noticia que no sea trágica- el Gobierno de Mariano el Libertador se encuentra más sólido.
Por boca de Oyarzábal, el PP anunciaba que el próximo viernes no estará junto a las víctimas del terrorismo -convocadas por Santiago Abascal-. Se ausentan, entre otras cosas, porque temen que los asistentes no estén muy entusiasmados con la política antiterrorista del Gobierno -que aquí llaman antiterrorista a cualquiera que no lleva pasamontañas-.
Concluye:
Decía Voltaire, además de muchas tonterías, que la mayor desgracia de las personas honradas es que son cobardes. Puede que tampoco en esto tuviera razón, pero es evidente que eso mismo es lo que piensan quienes, a través de una política de hechos consumados, están pisoteando los restos de la decencia social, y con ellos las últimas oportunidades de esta forma de convivencia. Creen que nadie -entre los honrados de Voltaire- sabrá oponerse a esta revolución silenciosa, administrativa, porque la derecha social es gente de orden, y en el caso de que salgan a la calle, aunque sean millones, lo harán con esa urbanidad casi pueril. Sí, quizá nos pierde la buena educación. Pero eso va a dejar de ser un problema, según vayan creciendo las generaciones maltrechas de la escuela socialista.
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