LA CLAVE DEL DÍA

La Junta del socialista Chaves admitió en 1991 que la propiedad de catedral de Córdoba era de la Iglesia

En un acuerdo cultural reconocía que la titularidad del templo, "antigua mezquita" correspondía al cabildo catedralicio

La inmatriculación de la catedral se produjo cinco años más tarde, en 1996

La Junta de Andalucía, presidida por la antigua catequista Susana Díaz, amaga con hacer caso de la petición de unos grupos vinculados con Izquierda Unida y con la Junta Islámica (que ha pedido el voto de los musulmanes para el PSOE) de expropiar la Catedral de Córdoba.

Sin embargo, hace más de 20 años, la Junta, presidida por el socialista Manuel Chaves, reconoció en un convenio firmado por la Consejería de Cultura y el cabildo de la catedral de Córdoba que ésta era propiedad del obispado.

El convenio, publicado por La Razón, se firmó en 1991 y la catedral fue inmatriculada en el Registro de la Propiedad en 1996, con lo que el reconocimiento de la titularidad no tenía más base que la llamada notoriedad.

LA RAZÓN

Pese a las dudas que sigue sembrando la Junta de Andalucía sobre la posibilidad de expropiar la mezquita catedral de Córdoba a la Iglesia católica -con encargo incluido de un informe jurídico para analizar la viabilidad de esta propuesta-, un convenio de hace nada menos que 23 años ya reconocía la titularidad del monumento al Cabildo Catedralicio de Córdoba. En concreto, se trata de un acuerdo firmado el 19 de diciembre de 1991 por el entonces consejero de Cultura y Medio Ambiente de la Junta, Juan Manuel Suárez Japón, y el deán del Cabildo de la catedral, Alonso García Molano, para la «conservación, mantenimiento, custodia y mejor cumplimiento de la función social de la catedral, antigua mezquita».

Pues bien, en el citado convenio ambas partes acuerdan «proseguir en esta línea», que no es otra que «el Cabildo de la S.I. catedral como titular del monumento, viene desempeñando los deberes de conservación, mantenimiento y custodia en los términos exigidos por la ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español».

No había lugar a dudas, entonces, -ni tampoco en 1996, cuando la Iglesia inmatriculó el templo- sobre la titularidad pública de la catedral, que la Junta atribuía sin problemas al Cabildo, que debía asumir «los gastos de mantenimiento y custodia de la catedral», así como «del personal necesario para el culto y visita al monumento y otras necesidades e imprevistos». En este plan se incluían hasta seis actuaciones que debía llevar a cabo la Iglesia para garantizar la «adecuada protección y conservación de este importante monumento», tales como «la retribución al personal necesario para mantener la vigilancia y buen funcionamiento del monumento y sus servicios» o la «limpieza y gastos de consumo de energía eléctrica».

Autor

Pedro F. Barbadillo

Es un intelectual que desde siempre ha querido formar parte del mundo de la comunicación y a él ha dedicado su vida profesional y parte de su vida privada.

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