LA CLAVE DEL DÍA

La Vanguardia y El País exigen a Rajoy que se siente a negociar con Mas

El periódico catalán ha encontrado a los malvados del 9-N en UPYD y "los sectores inmovilistas de la opinión publicada" española

Sólo ABC reclama a Rajoy que dé explicaciones de la ausencia del Estado a los ciudadanos

El simulacro de votación del 9-N no tiene efectos legales ni democráticos, pero hay que hacerle caso. Con esta contradicción se puede resumir el contenido de los editoriales de los principales periódicos españoles. Todos proponen que Mariano Rajoy y Artur Mas se pongan a negociar, como si no hubiera pasado nada malo. Los dos periódicos más implicados en la reforma constitucional de sentido confederal, El País y La Vanguardia, se atreven a decir qué asuntos

En ‘Acabar con el inmovilismo’, La Vanguardia del conde de Godó exuda satisfacción por todos los poros: hasta la UE presionará a Madrid para que ceda ante la Generalitat. Para el periódico catalán todo es felicidad y armonía, pero no puede evitar la costumbre catalanista de encontrar malvados a los que echar las culpas de todo lo que ocurre: en este caso UPYD y los «sectores más inmovilistas de la opinión pública y la opinión publicada». A éstos, ni agua.

En ‘Volver a la mesa’, El País indica en qué asuntos se debe centrar la reforma constitucional que lleva propugnando desde hace tiempo: competencias, financiación, lengua… A cambio de que se cedan a la Generalitat más privilegios, el periódico de Juan Luis Cebrián promete años de paz y convivencia.

Después de declarar la votación de ayer un «acto claramente inconstitucional», La Razón recomienda recuperar «el diálogo institucional» con las virtudes de la «sensatez, generosidad y afectos comunes». El título de su editorial, ‘Una votación inútil’, por tanto, no se cumple en el contenido.

En un editorial titulado ‘Es hora de hacer política además de exigir el cumplimiento de la Ley’, El Mundo exhorta a Rajoy a buscar «una solución política», aunque no explica cuál.

El único periódico donde hay frases de disensión o malestar es ABC, que lamenta que el Estado haya sido «neutralizado» y reclama a Rajoy que explique a los ciudadanos qué va a hacer.

LA VANGUARDIA

De una vez por todas, el Gobierno de España debería tomar nota de la envergadura de la movilización social catalana y abrir una fase de sincero diálogo con propuestas operativas. A estas alturas, el enroque podría constituir un error político colosal.

Se ha producido en las últimas horas un forcejeo jurídico sobre los límites de la suspensión, que las partes han sorteado con prudencia e inteligencia. Muestra de ello es la decisión del juzgado de guardia de la Audiencia de Barcelona, respaldada por la Fiscalía, de desestimar la reclamación del partido UPyD de proceder a la retirada de las urnas. La resolución judicial estableció ayer por la tarde que tal medida era «desproporcionada». El mismo partido solicitaba en una segunda denuncia la detención del president Artur Mas y de los consellers Ramon Espadaler e Irene Rigau, instando al cierre de los colegios y a un «uso proporcional de la fuerza si fuese menester». Un verdadero disparate, que muestra el grado de nerviosismo y antigüedad -en el peor sentido del término- de determinados sectores de la política española.

España no puede permitirse un conflicto crónico e irresoluble con el nervio principal de la sociedad catalana. No es moderno, no es eficaz, no es inteligente y no es europeo. En las últimas semanas, relevantes bancos internacionales han comenzado a emitir señales de alarma que deberían ser atendidas. La cuestión de Catalunya está dejando de ser un exclusivo «problema interno» español.

No es fácil, lo sabemos, pero el Partido Popular, en una coyuntura verdaderamente difícil de la política española, no puede quedar atrapado por los sectores más inmovilistas de la opinión pública y publicada. Un sector claramente minoritario de la sociedad española no puede ni debe tener capacidad de veto en un momento altamente complejo

Hoy más que nunca es la hora del diálogo. Hay que abrir vías de concertación. Hay que abrir horizontes de pacto, que en su momento deberán ser refrendados, puesto que la sociedad catalana tiene ganas de votar. Así ha quedado demostrado.

EL PAÍS

el presidente Rajoy debe volver a la mesa del diálogo que se interrumpió a final de julio. Hay múltiples motivos para ello. Empezando porque ambos, Rajoy y Mas, quedaron emplazados a dar cauce a la lista de 23 peticiones concretas -en bastantes casos, razonables- presentadas por el líder catalán. Siguiendo porque cada vez resulta menos comprensible, desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema democrático, la ausencia de porosidad a las reivindicaciones de un segmento considerable de la sociedad: no hay precedente en nuestra democracia de movilizaciones tan nutridas que hayan sido ignoradas. Y concluyendo porque no debe echarse a perder -a riesgo de irresponsabilidad- otro año, el último de la legislatura.

Vuelvan pues a la mesa de julio. Pero sabiendo que ello no bastará, ni de lejos, más que como preámbulo. Más allá de las cuestiones concretas, ambos Ejecutivos deben trazar un plan de trabajo, un método y un calendario ágil para identificar el elenco de grandes cuestiones susceptibles de reformas decisivas (competencias, financiación, lengua…) que puedan pavimentar una solución creíble, compartible y duradera.

ABC

Ahora el Gobierno central quiere abrir una nueva etapa de diálogo.

Los nacionalistas la aceptarán sin duda porque recibir una oferta así, y no una citación para el juzgado, es un éxito, aunque probablemente la aprovecharán para imponer a renglón seguido su propio guión. Ven al Gobierno de Rajoy como el representante de un Estado indeciso a la hora de aplicar sus propias leyes. Neutralizados los instrumentos disuasorios del Estado de Derecho, el nacionalismo puede aspirar a mejorar el balance de resultados, sin que el 9-N pase factura alguna. ¿Qué sentido tendrá a partir de ahora advertir al nacionalismo catalán de que sus decisiones serán llevadas ante el TC?

Mas debe una explicación a los catalanes; y Rajoy, al resto de los españoles, porque ayer Cataluña protagonizó una crisis de su relación con el resto de España. No aceptarlo así es engañarse. Debemos saber qué se propone el Gobierno para el futuro inmediato en relación con Cataluña y sus dirigentes actuales, porque la expectativa de unas elecciones autonómicas augura una mayoría nacionalista aplastante. España necesita que su Gobierno tome iniciativas políticas para los grandes problemas, más allá de la recuperación económica.

EL MUNDO

Mariano Rajoy debe, a partir de ahora, buscar una solución política para Cataluña porque la ley por sí sola no basta para detener una demanda de independencia que suma adeptos día tras día.

LA RAZÓN

hay que intentar por todos los medios recuperar el diálogo institucional y tratar de recomponer una situación de quiebra moral de una parte de la sociedad catalana que, mañana mismo, vivirá un proceso de frustración al que ha sido abocado por la inexplicable actitud del presidente Mas, atrapado en un error de cáluco electoral del que no ha sabido cómo salir. Nada sin embargo, que no se pueda acometer desde la sensatez, la generosidad y los afectos comunes.

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Autor

Pedro F. Barbadillo

Es un intelectual que desde siempre ha querido formar parte del mundo de la comunicación y a él ha dedicado su vida profesional y parte de su vida privada.

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