ABC recuerda a Rajoy que la "mesura" no es suficiente para enfrentarse a Mas
Golpe de Estado de papel. El periódico que nominalmente dirige Antonio Caño publicó el 12 de noviembre un editorial titulado ‘Rajoy nos debe un plan’, en el que reclamaba al presidente del Gobierno que anunciase una «hoja de ruta política útil para desatascar el problema» catalán y que consistía en una reforma federal de la Constitución pactada con PSOE, PNV y CiU.
Como Rajoy no obedeció el editorial, en castigo El País publica este 13 de noviembre de 2014, otro, titulado ‘Situación bloqueada’, en el que arremete contra él y acaba definiéndole junto con Artur Mas como «obstáculos para cualquier posible solución del conflicto».
¿Y qué propone el periódico de Juan Luis Cebrián para superar el obstáculo levantado en Moncloa? Hay que recordar que en el editorial de ayer ciataba a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como la persona en la que Rajoy podía delegar la misión de pactar la apertura del nuevo período constituyente. Cabe deducir que es la abogada del Estado la sustituta en la que piensa El País.
Aunque ABC reprocha a Rajoy la debilidad de su respuesta al referéndum ilegal de Mas, no es tan duro como El País y le recuerda al presidente que tiene consigo a la mayoría de los españoles y de las insituciones.
El Mundo sigue con la propuesta de que la mejor manera de enfrentarse al reto separatista es la reforma constitucional federal decidida con CiU y PSOE, que es compatible con las querellas contra la Generalitat.
La Razón de Francisco Marhuenda aplaude la comparecencia de Rajoy y culpa de todo a Artur Mas, al que llama, con eufemismos, mentiroso.
La Vanguardia editorializa sobre el calentamiento global y el embargo de automóviles.
EL PAÍS
El presidente del Gobierno carece de un plan para atender la emergencia planteada en Cataluña. Si lo tuviera, ayer dispuso de la oportunidad de explicarlo durante su esperada comparecencia en La Moncloa. Ya no sirve que recuerde la proporcionalidad con la que respondió al desarrollo de una consulta tan dudosamente legal como la del 9-N, sobre todo porque niega la evidencia de que ese «simulacro» nos ha abocado a una situación todavía peor. Prefiere refugiarse en las verdades elementales de la defensa de la Constitución, la soberanía nacional o la imposibilidad de autorizar un referéndum de autodeterminación.
Si no tiene nada que proponer, resulta patético observarle tratando de situarse al margen de una querella contra Artur Mas anunciada a bombo y platillo por la jefa de su partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que ha hecho preguntarse a algunos fiscales si la dirigente del PP es la portavoz del ministerio público.
Rajoy no ha estado a la altura y deja esta crisis al albur de las circunstancias, de los movimientos de otros o del discurrir imprevisible de la actuación judicial.
Rajoy y Mas eran las personas a las que correspondía solucionar este problema. Desafortunadamente, al presidente del Gobierno le falta decisión política, y al de la Generalitat le sobran osadía y agresividad. Los dos llevan más de dos años encastillados, obsequiándose con portazos mutuos para neutralizar las críticas o las exigencias de los más radicales de los respectivos campos. En realidad, sus hojas de ruta se reducen a aguantar, y ya veremos, mientras crece la fractura entre catalanes y la de estos con los demás españoles. Si no cambian rápidamente de actitud y reducen la tensión, tanto Rajoy como Mas se habrán convertido objetivamente en obstáculos para cualquier posible solución del conflicto.
ABC
La mesura nunca es incompatible con la firmeza y la defensa activa de los principios constitucionales.
Rajoy no está solo en su confrontación democrática con el nacionalismo separatista. Tiene a una gran mayoría de españoles confiando en la fuerza de la ley y la Constitución. Tiene el respaldo de las dos Cámaras, algo imprescindible llegado el caso para adoptar medidas más severas, y desgraciadamente todo apunta a que habrá nuevas ocasiones para aplicarlas. Ahora bien, es arriesgado adornar las pocas medidas tomadas por el Gobierno con la sensatez, la mesura y la prudencia, porque los millones de españoles que esperaban mayor intensidad del Gobierno en la defensa de su Constitución no son unos fanáticos extremistas incívicos, sino ciudadanos preocupados por su Nación.
