Cebrián, a través de Antonio Caño, sigue recomendando "diálogo político", pese a los obstáculos
La inminente presentación de una querella contra Artur Mas es motivo de preocupación para El País: por la paz social y por el futuro del PSOE.
Este 20 de noviembre de 2014, en un editorial titulado ‘Pésimo final’, el periódico progresista lamenta la aprobación por la Junta de Fiscales de Sala de la de la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de un querella contra Mas y otros miembros de su Gobierno. En su opinión, la defensa de la unidad de España y del ordenamiento jurídico deben ceder ante la negociación política y el buen ambiente.
Además, en un giro sorprendente, el periódico aparentemente dirigido por Antonio Caño asegura la tensión beneficia al PP, a CiU y ERC, con lo que se adhiere a la tesis conspiranoica de parte de la izquierda española de que estamos ante una maniobra de distracción orquestada por dos Gobiernos de derechas, el de Rajoy y el de Mas. Esta pinza, añade, perjudica al PSOE, que representa la concordia y la prudencia.
La Vanguardia no editorializa sobre la querella y prefiere ocuparse de la derrota de la candidatura de Barcelona a los Campeonatos Mundiales del 2019 de atletismo.
Llevar el choque al terreno jurídico no anula toda posibilidad de diálogo político, pero lo reduce al mínimo. Le viene bien a Artur Mas para presentarse como el perjudicado y construir la peana política sobre la que erigirse en campeón del soberanismo. Tan claro es esto que ERC no tardó un minuto en describir la querella como una agresión a «un pueblo entero», tratando de restar protagonismo personal al president.
A su vez, el Partido Popular se ve tentado de sacar partido de esta situación uniendo la defensa de la Constitución con la soberanía del conjunto de los españoles, para forzar así el cierre de filas en torno al tema de la unidad y la integridad nacional.
Esa estrategia polarizadora conlleva daños colaterales para el PSOE, que plantea una reforma constitucional destinada no solo a resolver el problema catalán, pero influida por la necesidad de encauzar las reivindicaciones de aquellos catalanes que, sin ser independentistas, tampoco aceptan el statu quo. La renuencia del PP a abordarlo aumenta el peligro del radicalismo preelectoral, azuzado por una querella que puede actuar como catalizador de malestares.
Lo que hace un año se limitaba al enfrentamiento entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno estatal implica ya al Tribunal Constitucional y al ministerio público. El diálogo político sigue siendo igual de necesario, pero los obstáculos han crecido.