El Gobierno catalán ha desembolsado 1.800 millones desde 2011 para controlar la opinión pública
No hay dinero para pagar a las farmacias catalanas, ni para mantener abiertos hospitales, ni asilos, pero lo hay para abrir ‘embajadas’ y comprar medios de comunicación. La Generalitat gobernada por Artur Mas sabe cuáles son sus prioridades y hasta ahora ha sido capaz de distraer a una gran parte de los catalanes de la crisis, de sus corrupciones y de su incompetencia con el chupete catalanista.
El ABC publica un reportaje en el que asegura que desde 2011, Mas ha gastado 1.819 millones de euros en los medios de comunicación públicos y privados catalanes. El derroche es tal que el director de TV3 tener un sueldo que duplica al de Mariano Rajoy. Para 2015, el presupuesto de la Generalitat para este área ascenderá a 341 millones de euros.
En un editorial titulado ‘Contra el Estado, con dinero del Estado’, ABC no sólo denuncia estos ‘sobornos’, sino que lamenta que el Gobierno español, gracias a cuyas transferencias de fondos la Generalitat no ha quebrado, no los impida.
El desprecio de la Generalitat catalana por el dinero público no conoce límites, y no parece que el Ministerio de Hacienda vaya a imponérselos, pese a las nuevas y favorables medidas de financiación autonómica que acaba de acordar. Si ayer ABC daba cuenta del despilfarro en el mantenimiento y expansión de la red de «embajadas» catalanas en el exterior, hoy damos cuenta de los 341 millones presupuestados para 2015 para subvencionar medios de comunicación. Esta prodigalidad no es nueva, porque el Gobierno catalán lleva invertidos 1.819 millones para infiltrarse en la opinión pública y controlarla mediante la imposición de un discurso que convierte en marginal y peligrosa cualquier idea discrepante con el programa separatista.
Esta política de subvenciones a cambio de sumisión tiene de brazo ejecutor al CAC, afanado en la persecución de medios «desobedientes» y en la estricta aplicación de la ortodoxia del régimen nacionalista. El lado más sórdido de esta política de anulación de la discrepancia es la proliferación de listas negras de periodistas desafectos.
El programa separatista apenas sufre recortes, que se derivan a los servicios esenciales del bienestar de los catalanes. Pero ahí vuelve a estar presente la solidaridad de los españoles, que acuden al rescate de la Generalidad para evitar que entre en suspensión de pagos a sus empleados públicos o a las farmacias, por poner dos ejemplos significativos de la intervención del Estado.