El sindicato de banca de CCOO repartió 3,7 millones de euros entre sus delegados en seis años, según El País
Dos periódicos publican este 16 de febrero de 2015 sendos editoriales sobre el régimen socialista venezolano para acompañar las informaciones que publican.
La periodista Ángeles Escrivá, reportera de ‘El Mundo’ ha obtenido éxito donde el CNI y la diplomacia españoles han fracasado: encontrar al terrorista Iñaki de Juana Chaos.
Según revela Escrivá, el asesino etarra se halla en Chichiriviche, una población costera a unas tres horas de viaje de Caracas.
En su editorial, El Mundo reclama a la Audiencia Nacional pida al Gobierno venezolano la extradición del etarra.
Después de haber publicado el 15 de febrero de 2015 las presiones del Gobierno chavista a las grandes empresas presentes en Venezuela para que a su vez impusiesen a la prensa española la censura de noticias perjudiciales para el régimen, el ABC publica este 16 de febrero de 2015 los privilegios que recibe la cúpula de Podemos cuando viaja al país caribeño, donde se dispara a los manifestantes y el desabastecimiento afecta a la población.
El otro asunto de interés es la información de El País de que la federación de banca del sindicato Comisiones Obreras repartió 3,7 millones de sobresueldos a sus delegados entre 2008 a 2014: más de 14 millones de euros. El periódico que dirige Antonio Caño exige al sindicato que dé explicaciones para evitar las sospechas de «connivencia poco clara entre el sindicato y los grupos bancarios».
EL MUNDO
Para no dejar cabos sueltos, el terrorista ha hecho gestiones ante la Administración venezolana para conseguir un documento oficial que impida su expulsión. Y, tal y como hoy informamos, la burocracia del país, conocida por su inoperancia, se ha movido en este caso inisualmente rápido. Esa documentación podría servirle de blindaje en el futuro, al menos mientras Nicolás Maduro se mantenga como presidente del país.
En el caso de De Juana, el régimen ya no puede alegar que está oculto. El caso servirá también para comprobar el talante democrático del régimen venezolano, alabado por formaciones como Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, ha llegado a decir que «envidia» cosas de Venezuela y son conocidos los lazos entre este partido y el Gobierno de Caracas.
La Audiencia Nacional debe reclamar hoy mismo al Ministerio de Asuntos Exteriores que exija a Venezuela la extradición del etarra. El terrorista es el símbolo de los años más sangrientos de ETA, de ausencia de arrepentimiento y de nula consideración a las víctimas. Al contrario. Por ello, cualquier acto encaminado a devolverlo a la cárcel se dará por bien empleado.
ABC
ABC ofrece hoy otra toma de los mimos, lisonjas y dólares que el chavismo ha dispensado a los líderes de Podemos. De nuevo, el comportamiento de la formación populista choca con el ideario que dicen defender, de manera tan estrepitosa que se coloca en las antípodas de lo que predican. A la lista ya conocida de beneficiarios (Iglesias, Monedero y sus empresas) hay que unir los nombres de Carolina Bescansa, cofundadora del movimiento populista, y Luis Alegre, líder del partido en Madrid. Ambos fueron tratados a cuerpo de rey y contratados por cientos de miles de dólares (a través de una Fundación en España) cuando trabajaron para el régimen de Chávez.
Descubierto el pastel y el pasteleo entre ambos, ese enfado casa perfectamente con las advertencias de Nicolás Maduro a las empresas españolas allí asentadas, de las que ayer se daba cuenta en estas mismas páginas. O las multinacionales españolas contribuyen a mejorar la imagen de Maduro en nuestro país presionando para que cesen los «ataques» a su Gobierno y desaparezcan las alusiones que se hacen a Venezuela como «talón de Aquiles» de Podemos, o el riesgo de una expropiación de bienes será una realidad.
EL PAÍS
No es aceptable justificar sobresueldos superiores a los 20.000 euros en nombre de una genérica «actividad sindical»; la retribución de los representantes sindicales no tiene por qué ser diferente de la de cualquier trabajador, afiliado o no. La explicación de esas cuentas alarmantes es crucial para determinar si lo que ha pasado en CC OO es que su federación de banca se ha sumado a un proceso de financiación irregular (similar al detectado en algunos partidos) y que cuestiona el ejercicio de las responsabilidades democráticas, o si se trata de un error coyuntural que puede ser corregido con una decisión drástica de la dirección del sindicato.
Las lecciones de la madeja de los ERE en Andalucía y de los casos de recursos obtenidos de forma dudosa a través de cursos de formación deberían dar una pista a CC OO de que la financiación sindical está bajo atento escrutinio de los ciudadanos y de los tribunales, pero lo que tendría que preocupar más a Comisiones es la pérdida de credibilidad de los aparatos sindicales. El razonamiento que atribuye la corrupción y el abuso a «personas» o «grupos» que manchan el intachable comportamiento de las organizaciones sólo es aplicable cuando las instituciones afectadas clarean sus cuentas, explican sus errores y demuestran que quieren corregirlos. CC OO tiene, todavía, esa oportunidad.
