El Gobierno nacional debe cambiar sus relaciones con la Generalitat, según ABC
El Tribunal Constitucional anuló el 25 de febrero de 2015 la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento regional catalán y el decreto mediante el cual el presidente del Govern, Artur Mas, convocó la seudo-consulta del 9-N.
En esta ocasión, La Vanguardia no tiene las vacilaciones ni los retrasos que sufre al editorializar sobre la familia Pujol. No ha tardado más que un día en publicar un editorial. El periódico del conde de Godó defiende el llamado ‘derecho a decidir’ y reclama al Gobierno y las Cortes nacionales que adapten las leyes a la voluntad callejera de unos pocos, incluso con la reforma de la Constitución para dar más poderes a la Generalitat.
Por el contrario, ABC y El Mundo no sólo aplauden al Tribunal Constitucional, sino que piden a Mariano Rajoy que se plante de una vez ante Artur Mas, ya que éste prosigue su rebelión separatista.
El Mundo concluye su editorial diciendo que la conducta de Mas no debe quedar «impune» y ABC sostiene que el Gobierno nacional debe cambiar su comportamiento actual con la Generalitat, es decir, las transferencias de fondos y las buenas relaciones.
ABC
Es tranquilizador que el máximo intérprete de la Constitución ofrezca respuestas tan sólidas y unitarias. Porque este proceso de desafíos no ha terminado y la doctrina que está creando el TC servirá para reforzar el concepto de Estado de Derecho y su vinculación con el principio de soberanía nacional.
Ahora, la cuestión es cómo deben incidir estas declaraciones de inconstitucionalidad en las relaciones del Gobierno central con la Generalitat, visto que el soberanismo persevera en sus propósitos separatistas. Sólo los nacionalistas son responsables de esta crisis política, y mientras sigan alimentándola la respuesta del Gobierno central debe ser de firme oposición.
LA VANGUARDIA
Movimientos sociales de la envergadura de los registrados en Cataluña no pueden ser pasados por alto. No se trata de darles el beneplácito, sin más, sino de ofrecerles un cauce de expresión, de tal manera que pueda aquilatarse con exactitud su auténtico alcance. Los poderes establecidos, no lo olvidemos, deben canalizar las aspiraciones populares. Deben estar prestos a mesurarlas y a ofrecerles el cauce de expresión más justo y adecuado.
Al anular las normas catalanas, el TC ejerce la labor que le ha sido encomendada. Pero eso no exime al Ejecutivo de sus responsabilidades. Si dentro de la Constitución no tienen cabida disposiciones como las ahora rechazadas, el Gobierno tiene la posibilidad de explorar otros caminos para acomodar el sentir popular al marco legal. No tiene sentido escandalizarse si todo conduce, llegado el caso, a plantear una reforma constitucional. Las leyes no deben ser nunca manejadas como un corsé o una mordaza, sino como un ámbito abierto a la interpretación, el diálogo y, en definitiva, la convivencia. No se legisla para silenciar las diversas voces de la sociedad, sino para articularlas.
EL MUNDO
La decisión de los magistrados acorrala aún más al presidente de la Generalitat, que está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia catalán por desobediencia en relación a su actuación ante el 9-N, a resultas de lo cual podría ser inhabilitado para ejercer cargo público.
Los acontecimientos han venido a demostrar que Mas decidió conscientemente quebrar la legalidad con el propósito de dinamitar el Estado, para lo cual no dudó en recurrir a todo tipo de argucias y al uso ilegal de recursos públicos. Una actuación así, que fractura a la sociedad y pone en peligro la convivencia, no debería en ningún caso quedar impune.