Admite que la adjudicación pudo deberse a "un juego indeseable de influencias" políticas
Después de las informaciones publicadas el 16 de marzo de 2015 sobre la investigación por la Fiscalía Anticorrupción de la concesión de un contrato otorgado por la Cámara de Comercio de España a la firma de abogados Equipo Económico, la consultora que en 2006 fundó Cristóbal Montoro, el periódico progresista editorializa al respecto.
Lo primero que llama la atención es que El País presente a Cristóbal Montoro como » exministro de Hacienda de Aznar», cuando es ministro del mismo departamento en ejercicio con Mariano Rajoy como presidente.
Y lo segundo que El País descubra ahora una práctica habitual de todas las Administraciones de trocear los contratos públicos en cantidades inferiores a 12.000 euros para sustraerlos al concurso público.
Por último, el periódico de PRISA aplaude la investigación que está realizando la Fiscalía Anticorrupción y casi da por culpable a Montoro, «ex ministro de Aznar».
La adjudicación de contratos públicos es uno de los graves problemas sin resolver en la legislación administrativa, a pesar de la sobreabundancia de normas y protocolos. No solo siguen concediéndose jugosas contrataciones públicas a dedo desde el Estado, las autonomías, los Ayuntamientos o las empresas públicas: además, la picaresca administrativa ha inventado fórmulas como la fragmentación de contratos (hasta 12.000 euros no es obligado el concurso público) para sortear la adjudicación transparente de obras o servicios.
En el caso del contrato adjudicado a dedo por parte de la Cámara de Comercio al despacho de abogados Equipo Económico, fundado en 2006 por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Aznar, confluyen las sospechas sobre dos prácticas controvertidas que generan un amplio cuadro de irregularidades políticas y administrativas: lo que se conoce como puertas giratorias, es decir, el paso inmediato de cargos políticos al sector privado y retorno al sector público, y una supuesta vulneración de la Ley de Contratos del Estado. Un proyecto de asesoría de 90.000 euros se habría concedido sin mediar concurso público a un despacho legal fundado por un exministro de Hacienda, que, por cierto, abandonó cuando volvió al Gobierno.
Más bien habría que subrayar que el ministro responsable de investigar las irregularidades de los demás -¡y que tanto presume de hacerlo!- debería haber sido especialmente cuidadoso.
Equipo Económico está dirigido por el exsecretario de Estado de Hacienda con Montoro, Ricardo Martínez Rico. La fiscalía tendría que investigar hasta qué punto la adjudicación (en 2012) se debió a un juego indeseable de influencias o a méritos indudables.
