LA CLAVE DEL DÍA

La Razón acusa a la izquierda judicial de hacer las sentencias con sus ideas

El editorial señala que los jueces "corregidos" por el Supremo también liberaron a los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola

Para La Vanguardia el ataque a los diputados catalanes no es importante, porque no editorializa sobre él

La sentencia del Tribunal Supremo que anula la de la Audiencia Nacional que absolvía a los alborotadores que sitiaron el Parlamento regional catalán y agredieron a varios diputados causa el enfado de La Razón con los magistrados del segundo tribunal.

El periódico dirigido por Francisco Marhuenda señala este 18 de marzo de 2015 que dos de los magistrados de la Audiencia que se pronunciaron por la absolución, Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado, son los mismos que pusieron en la calle a los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola, asunto en el que también les quitó la razón el Supremo.

La conclusión de La Razón es que hay una «izquierda progresista» en la judicatura para la que su ideología es más importante que las leyes y la jurisprudencia a la hora de redactar sentencias.

Sorprendentemente, La Vanguardia no editorializa sobre este asunto. El periódico propiedad del conde de Godó y dirigido por Màrius Carol dedica sus dos editoriales a la pobreza infantil en Cataluña y al hallazgo de los restos de Cervantes. En esta ocasión, el ataque a los representantes de la ‘soberanía catalana’ no le parece suficientemente importante.

El razonamiento de los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado -calificado en su día por el fiscal como «una muestra de politización extrema»- ha sido anulado por el Alto Tribunal en una resolución jurídicamente impecable que concluye que «paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático». En consecuencia, condena a tres años de prisión a ocho de los 19 acusados, manteniendo la absolución de los restantes.

Aunque no es infrecuente la disparidad de criterios entre el Supremo y los tribunales ordinarios, en esta ocasión no nos hallamos ante un diferendo por cuestiones tecnicojurídicas, de forma o procedimiento, sino ante una radical diferencia de interpretación de unos hechos objetivos, claramente tipificados en el Código Penal, en la que es imposible no sospechar la existencia de un condicionante ideológico, en este caso de la llamada «izquierda progresista», en la resolución anulada.

Que los magistrados corregidos sean los mismos que se apresuraron a decretar la libertad de los etarras Alberto Plazaola y Santiago Arróspide Sarasola, ambas revocadas también por el Tribunal Supremo, no contribuye, precisamente, a despejar la duda instalada en amplios sectores de la sociedad española sobre la debida imparcialidad y neutralidad de la Justicia, pese a que, en su inmensa mayoría, nuestros jueces, desde su independencia, se desempeñan con una indudable profesionalidad.

Autor

Pedro F. Barbadillo

Es un intelectual que desde siempre ha querido formar parte del mundo de la comunicación y a él ha dedicado su vida profesional y parte de su vida privada.

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