El País atribuye su desprestigio a la "falta del reacción del PP" ante la la financiación irregular
Susana Díaz estrena su nuevo mandato con una nueva oleada de detenciones de cargos de la Junta, de la que ella forma parte desde hace años, por el fraude de los cursos de formación. Además, se ha conocido una grabación de la delegada de la Consejería de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, amenazando a sus subordinados para que vayan a pedir el voto a quienes recibieron subvenciones.
El editorial de ABC, titulado ‘Retrato del caciquismo socialista’, es desesperanzador. Afirma que estamos ante «la esencia del clientelismo: secuestrar voluntades» y pone en duda que en esta condiciones el PSOE vaya a perder las elecciones y el poder. Por tanto, sólo confía en los jueces.
Por último advierte a Ciudadanos, sin citarle, que quien pacte con el Díaz será responsable de mantener las «tramas de corruptos y malversadores» montadas por el PSOE.
El País editorializa sobre otro caso de corrupción, la financiación irregular del PP, y asegura que la falta de reacción de la cúpula de este partido explica su desprestigio.
ABC
Sólo con una tupida red de cómplices silenciosos pudierdon extenderse por toda Andalucía semejantes tramas de corruptos y malversadores. En esta ‘operación Barrado’ destaca, además, la convergencia de complicidad y caciquismo.
Irene Sabalete resume en su persona la identidad del régimen corruptor existente en Andalucía, que ella misma expuso antes de las elecciones andaluzas de 2012 a diversos responsables de su delegación. Los reunió y les dijo que hicieran campaña por el PSOE, porque o ganaba este partido o no seguían trabajando en la Junta. Su amenaza está registrada en una grabación de la reunión. Es la esencia del clientelismo: secuestrar voluntades.
La victoria de Susana Díaz, como las de sus predecesores, tiene una versión sociológica que se comprende perfectamente con la figura de Sabalete y su proselitismo intimidatorio ejecutado desde un poder público. Pero el resultado del 22-M remite necesariamente a la Justicia, no a la política, cualquier opción de depurar responsabilidades. Las urnas forman mayorías, pero no siempre piden cuentas. Quienes pacten con el PSOE andaluz la investidura de Díaz se arriesgan a asumir una responsabilidad diferida de perpetuar el «método Sabalete» en Andalucía.
No deberían ser los jueces los llamados a regenerar la vida pública a golpe de Código Penal, pero es evidente que a veces no hay alternativa.
EL PAÍS
Que los políticos en activo queden fuera del juicio no es patente de corso para suponer autorizada la actividad de los partidos a base de cerrar los ojos a la procedencia del dinero que engrasa sus operaciones diarias y sus campañas. Esto sería una perversión de la democracia representativa. La falta de reacción del PP contribuye a explicar la situación de una fuerza que, en poco más de tres años, ha malgastado parte del enorme depósito de confianza recibido en 2011.
