La Vanguardia reclama la tarjeta sanitaria para todas las personas que vivan en España
El anuncio hecho por el ministro Alfonso Alonso de que los inmigrantes no comunitarios en situación irregular volverán a disponer de atención primaria en la sanidad pública alegra a los tres periódicos pro-gubernamentales editados en Madrid: El Mundo, ABC y La Razón.
El Mundo es el que aporta más tonos progresistas y solidarios en su editorial. Según el editorialista, los ciudadanos españoles apoyan la universalidad de la sanidad, lo que incluye concedérsela también a quienes se encuentran en situación ilegal en España. Pero añade que este anuncio se debe exclusivamente a motivos políticos y añade que ahora Albert Rivera debe «retratarse en un asunto tan espinoso como éste».
La Vanguardia también se lanza a toda velocidad por la autopista de la solidaridad y pide más derechos para todos, con independencia de su estatus legal. Igualmente, da un pescozón a Albert Rivera.
¡Lástima que ni los italianos de Unedisa ni el conde de Godó fuesen tan solidarios cuando decidieron despedir a docenas de sus empleados!
ABC califica el cambio de la postura del Gobierno, que hace dos años retiró la tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, como «lógico y sensato». Lo mismo hace La Razón. Ambos periódicos amplían su satisfacción al hecho de que no se volverán a regalar tarjetas sanitarias, como se hace en Europa, según señalan.
Las tres cabeceras coindicen en señalar el fracaso del plan de la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, porque las comunidades autónomas se las apañaron para seguir atendiendo a los ilegales y, además, las urgencias se colapsaron.
EL MUNDO
Al rectificar en un asunto tan sensible para la ciudadanía como la universalidad de la Sanidad, el partido en el Gobierno parece haber cambiado su diagnóstico sobre los motivos de sus malas perspectivas electorales. Así reconoce que su falta de conexión con el electorado no se explica sólo por una comunicación errática, sino que detrás hay un problema de acción política que le hace aparecer ante los españoles como una formación insensible al sufrimiento de los más débiles.
No es casualidad que esta medida se anuncie tras la estrepitosa pérdida de votos del PP en Andalucía y dos semanas después de que toda la oposición, a excepción de Ciudadanos, pactara restituir el carácter universal de la Sanidad española. Con este giro inesperado, Alonso va a obligar ahora a Albert Rivera a retratarse en un asunto tan espinoso como éste.
ABC
El ministro de Sanidad anunció ayer que los inmigrantes irregulares volverán a disponer de atención primaria bajo una serie de condiciones que deberán ser acordadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Se trata de un cambio lógico y sensato por varios motivos.
Se exigirá una serie de requisitos para poder acogerse a este programa con el fin de evitar los abusos propios del pasado, tales como cumplir un tiempo mínimo de empadronamiento, no alcanzar un determinado nivel de ingresos o restringir dicha asistencia a su autonomía para impedir el fraudulento turismo sanitario. La decisión adoptada por Alonso es positiva porque ayudará a descongestionar las urgencias y a mejorar el funcionamiento del sistema, al tiempo que mantiene unas exigencias mínimas de acceso, tal y como sucede en el resto de Europa.
LA RAZÓN
El anuncio por parte del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a beneficiarse de la atención primaria es acertado, teniendo en cuenta, además, que no supondrá la recuperación de la tarjeta sanitaria. Por un lado, esta medida preserva el carácter universal de la Sanidad pública española pero, por otro, se opta por la vía más eficaz y directa para que sea la atención primaria la que canalice el servicio sanitario. En cuanto a que los inmigrantes en situación irregular dispongan de tarjeta sanitaria, estaríamos ante un hecho extraordinario, ya que «les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país», en palabras del propio ministro
En cualquier caso, la medida anunciada por Alonso deja todavía muchos interrogantes en el aire. Su aplicación no será inmediata para todos los simpapeles, sino que establece una serie de condicionantes que pueden hacerla muy restrictiva. Los inmigrantes irregulares que deseen acceder a la atención primaria deberán llevar un tiempo mínimo -todavía no definido- empadronados en su municipio y habrán de pedir cita con el trabajador social de su centro de salud, quien comprobará si cumplen los requisitos para emitir la autorización, en forma de tarjeta o papel, que acredite su derecho a ser atendidos en centros de salud durante un año y sólo en su comunidad autónoma. Sin embargo, el anuncio del ministro de momento se queda en eso, un anuncio, porque los detalles deberán decidirse con las autonomías en el Consejo Interterritorial.
LA VANGUARDIA
A la oposición, a diversos colectivos médicos y a las oenegés les ha faltado tiempo para ver en el anuncio de Alfonso Alonso una medida electoralista, a pocas semanas de los comicios municipales y autonómicos. Hace unas semanas, toda la oposición, excepto Ciudadanos, firmó un manifiesto a favor de la cobertura sanitaria universal y comprometiéndose a restablecerla en caso de llegar al gobierno. El ministerio negó ayer vinculación entre el anuncio y las elecciones.
Cabe, pues, felicitarse de que el ministro Alonso haya rectificado la polémica medida de su antecesora. Pero esperemos que el anuncio no se quede en un nuevo parche que suponga más disfunciones en el sistema sanitario y nuevas discriminaciones para cualquier persona necesitada de asistencia médica.
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