El País carga no sólo contra Rato, sino, también, contra Montoro: ambos deben dar explicaciones
La comparecencia en el Congreso del director de la Agencia Tributaria para dar explicaciones sobre la lista de investigados por la amnistía fiscal de 2012 ha aumentado el tono del ‘caso Rato’.
El Mundo de Casimiro García-Abadillo defiende de una manera sorprendente al Gobierno, tanto que por un día supera en entusiasmo a La Razón de Francisco Marhuenda. El Mundo llega a justificar la amnistía fiscal y a asegurar que la rocambolesca operación contra Rodrigo Rato fue correcta.
ABC, por el contrario,enumera los puntos oscuros de la operación del jueves pasado y añade que muchos sectores del PP están convencidos de que ésta contó con el respaldo de algún ministro. Además, indica que perjudica a Mariano Rajoy.
Y El País reclama que sea el ministro Montoro el que comparezca en el Congreso. También le pide a Rato que rinda cuentas a la opinión pública.
EL MUNDO
La amnistía fiscal fue una medida controvertida y no defendible desde el punto de vista ético, pero que se adoptó en una situación excepcional de emergencia económica en la que aflorar capital era prioritario para la sostenibilidad de las finanzas españolas.
Menéndez justificó la forma sorpresiva e inmediata con la que se actuó en el registro de Rato por «eficacia». Por el momento, más allá de las elucubraciones, no hay elementos que permitan poner en duda la intervención de la AEAT y el Sepblac en este caso. Ahora, cabe exigirles que agilicen la judicialización de los otros casos de cargos públicos para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sabiendo a quién votan, como reclamó ayer UPyD.
EL PAÍS
El ministro de Hacienda se ha especializado en amonestar, coartar y amenazar a la oposición o a colectivos críticos con el Gobierno con supuesta información que no debería mencionar; ni siquiera tener. La pérdida de credibilidad de la Agencia es tan clamorosa, las fugas de información tan repetidas e interesadas, que se hace imprescindible evitar, con cualquier decisión política razonable -quizá un compromiso parlamentario con una relación estricta de las personas que disponen de esa lista- que los nombres salgan a la luz. A estos extremos de malestar conduce la gestión aparentemente imprudente de la información por parte de la Agencia y otros organismos.
Pero no es Menéndez quien tiene que comparecer en el Parlamento, sino Cristóbal Montoro. Y, por supuesto, Rato debería comparecer ante la opinión pública para explicar por qué un exministro tiene dinero sin declarar susceptible de purgarse con una amnistía fiscal.
ABC
Pero en el PP, además de la indignación contra Rato y sus aparentes engaños, crece un sentimiento de irritación y desasosiego por que esta operación haya podido ser diseñada con el expreso aval de algún miembro del Gobierno. Sea como sea, es difícil que el PP pueda rentabilizar ahora que su lucha contra la corrupción no atiende a apellidos. Y si se calculó así, el error es mayúsculo porque el riesgo de que el episodio cause un perjuicio electoral a Mariano Rajoy es serio.
En el ámbito jurídico también faltan respuestas. Es extraño que actuara la Fiscalía de Madrid (o algunos de sus fiscales) al margen de Anticorrupción, cuando esta no veía indicios sólidos; es llamativo que el caso arrancara en los juzgados ordinarios para derivarlo solo unas horas después a la Audiencia Nacional con el criterio favorable del fiscal, rectificado ayer, por cierto, con contundencia. Incluso, la puntual detención de Rato se convirtió en un ejemplo casi sin precedentes de escarnio público y hasta hubo informaciones de que había una celda preparada, cuando nadie solicitó prisión para él. Rato es un español más, y si ha delinquido debe cumplir las penas que le correspondan. Cosa distinta es obviar que el caso tiene más componentes políticos que jurídicos y que hoy genera más dudas que certezas. Calculados o no sus efectos, todo apunta a que el PP saldrá dañado del episodio.
LA RAZÓN
Ayer, Santiago Menéndez suministró todos los datos a los que le autorizan la Ley y la más elemental prudencia. Porque lo que el director de la Agencia Tributaria explicó a sus señorías puede alcanzar una trascendencia social que hubiera merecido otras respuestas que las que nacen del oportunismo electorero. Se investiga, según los informes facilitados a La Razón, a 750 «personas expuestas políticamente» (PEP), acogidas a la última amnistía fiscal, por sospechas firmes de blanqueo de capitales. Son todos ellos altos funcionarios o ex funcionarios del Estado -políticos, jueces, letrados, diplomáticos-, lo que explica la necesidad de llevar a cabo las investigaciones sin trabas, aunque con todas las garantías procesales, pero que demuestra que en España se ha producido un cambio a mejor en la lucha contra el fraude y la corrupción.
